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Por Álvaro Ramis
La política exterior estadounidense siempre ha convivido con sus propias contradicciones, pero pocas resultan tan evidentes —o tan incómodas— como la reciente disposición de Donald Trump a indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en una corte federal por narcotráfico, mientras insiste en que Nicolás Maduro debe ser “derrocado” precisamente por… narcotráfico.
La paradoja no es casual. Es estructural. Y revela más sobre la lógica real del trumpismo que sobre el combate al crimen organizado.
Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño, no cayó por la narrativa mediática sino por evidencia judicial: testimonios, rutas de dinero, vínculos con organizaciones criminales. Fue un aliado histórico de Washington, especialmente durante la primera administración Trump, que vio en él a un socio útil para su agenda regional. Ese vínculo es la clave para entender por qué Trump lo considera un “preso político” al que hay que rescatar, incluso si la justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar con el narcotráfico a gran escala.
Maduro, en cambio, cumple el rol perfecto del adversario total: antiestadounidense, antimperialista en su retórica, y parte del eje de gobiernos que Trump suele asociar con la amenaza comunista global. Para él, Venezuela no es solo un problema geopolítico, sino también una herramienta electoral. El voto venezolano y cubano en Florida ha demostrado ser determinante, y la narrativa del “dictador narcoterrorista” se ajusta como un guante a esa campaña permanente.
Lo interesante es que el narcotráfico, en este juego, no funciona como categoría jurídica, sino como categoría política. No describe un delito; describe una identidad. Es narcotraficante quien se opone a los intereses de la Casa Blanca. Es inocente —o al menos perdonable— quien ha sido útil a ellos. Por eso Trump puede defender a JOH, pese a su condena, y al mismo tiempo exigir mano dura contra Maduro, pese a que este nunca ha sido juzgado ni condenado en un tribunal estadounidense.
La consecuencia es predecible: el discurso estadounidense sobre el crimen organizado pierde coherencia y credibilidad. La región observa cómo el combate al narcotráfico deja de ser un principio y se transforma en un instrumento. Los amigos son “víctimas”; los adversarios, “carteles con bandera”.
Lo que aparece como contradicción es, en realidad, una brújula moral invertida. No se castiga el narcotráfico como delito, sino la desobediencia política. No se premia la inocencia, sino la pertenencia al campo ideológico adecuado. Y así, el mismo argumento que justifica liberar a un presidente condenado sirve también para justificar la caída de otro presidente sin condena.
En el fondo, no es que Trump crea sinceramente en la necesidad de liberar Honduras del error judicial o de liberar Venezuela del narcotráfico. Es que usa el narcotráfico como espejo, reflejando enemigos y amigos según convenga. Un recurso discursivo, no un compromiso ético.
Y en ese espejo, la coherencia no es necesaria. Basta con la utilidad. Ayer fue Hernández; hoy es Maduro; mañana será quien haga falta.
En política exterior, la moral se invoca, pero la conveniencia manda.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.
Santiago de Chile, 1 de diciembre 2025
Crónica Digital
