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Desde el movimiento chileno de derechos humanos se ha planteado desde hace tiempo la necesidad de que se legisle para sancionar el negacionismo de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos incurridos durante la dictadura cívico–militar de la derecha. Se trata de un fenómeno que, como es público y notorio, ha ido creciendo en figuras y partidos de la derecha y la extrema derecha.
En general, el negacionismo es el rechazo de hechos y realidades que están ampliamente respaldados por la evidencia histórica, a menudo para evadir una verdad incómoda o para influir en la opinión pública a favor de ciertos intereses. En el caso de los derechos humanos, se expresa en negar, minimizar o relativizar sus violaciones. No es un simple escepticismo o una opinión diferente, sino el cuestionamiento activo y deliberado de una realidad que ha sido establecida con base en pruebas sólidas.
El concepto comenzó a ser usado a propósito del negacionismo del Holocausto perpetrado por el nacionalsocialismo, promovido sobre todo en Europa, por supuestos “historiadores” que, en el fondo, pretendían relegitimar el pensamiento y la acción del Tercer Reich. Son los casos de David Irving, Robert Faurisson y Paul Rassinier, entre otros.
En Chile y América Latina ha sido una tendencia que ha emergido en la derecha y la extrema derecha frente a los crímenes de lesa humanidad en las dictadura. Hoy, el régimen de Javier Milei en Argentina es un ejemplo de esa postura.
Recientemente provocaron escándalo los dichos del Subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Alberto Baños, quien en las Naciones Unidas volvió a cuestionar la existencia de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura trasandina y lo vinculó con “el relato kirchnerista”.
En este contexto, ha sido positivamente valorada la postura de la candidata presidencial de la izquierda y la centro–izquierda chilenas, Jeannette Jara, quien señaló hace unos días, en entrevista con Radio ADN, que el negacionismo en materia de derechos humanos “no tiene ninguna explicación” y recordó que en otros países está sancionado, indicando además que “es el minuto de dar ese debate”.
Jara señaló que “hay una batalla cultural que efectivamente tiene que darse con más fuerza. Yo creo que es algo en lo que tenemos que avanzar. El negacionismo en materia de derechos humanos no tiene ninguna explicación. En Alemania a quienes son negacionistas con lo que hicieron los nazis hay definidas sanciones, penalidades”.
Frente a ello, sostuvo que “en Chile lo que hay que hacer es fortalecer nuestra educación cívica”.
Sobre los que siguen defendiendo al régimen de Pinochet, dijo: “Ellos pueden tener una opinión política, y yo creo en eso, pero lo que no se puede hacer es negar que en Chile hubo detenidos desaparecidos. Esa es una verdad oficial establecida por el Estado de Chile”.
Respecto de la aplicación legal de sanciones, reflexionó que “hay una delgada línea entre la libertad de expresión y el negacionismo. Yo creo que es el minuto de dar ese debate”.
“Si usted me pregunta, cuando Johannes Kaiser trata de instalar que todos los cuerpos de detenidos desaparecidos, porque eso es lo que ha estado intentando decir, están en cajas en el Servicio Médico Legal y que no se les ha querido identificar por conveniencia política, no sólo es inhumano, sino que es deshonesto. Es profundamente negativo para la historia, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que no conocen esos hechos”, precisó.
Un número significativo de los países europeos, particularmente aquellos con una historia ligada al Holocausto y a crímenes de lesa humanidad, tienen leyes específicas que sancionan el negacionismo. En Alemania, negar el genocidio puede acarrear multas o hasta cinco años de prisión. Austria lo castiga con penas de hasta 10 o 20 años en casos graves. Francia, Bélgica, Rumania, España, Portugal, Malta, Lituania, Bulgaria, Grecia, Suiza, Hungría e Italia, entre otros, también penalizan el negacionismo, la negación o la minimización flagrante de los crímenes de lesa humanidad. Más allá del Viejo Continente, es el caso de Canadá.
Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos defiende en forma expresa la libertad de expresión, este mismo tratado obligan a prohibir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.
Uno de los fundamentos más fuertes de sancionar al negacionismo, es que cuestiona hechos que han sido judicialmente probados y condenados. Al igual que no se permite negar un veredicto judicial, tampoco se permite negar crímenes contra la humanidad establecidos. En el caso de Chile, las violaciones a los derechos humanos han sido acreditados por el Estado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación de Reparación y Reconciliación, y dos Comisiones de Prisión Política y Tortura. A ello se suma la enorme cantidad de sentencias judiciales respecto de casos específicos.
Ello se vincula con la necesidad de prevención de la Recurrencia. Las sanciones aplicadas al negacionismo buscan evitar que la negación de crímenes atroces sirva de plataforma para el resurgimiento de esos hechos, manteniendo la memoria histórica como base clave para la prevención de futuros crímenes. Es una garantía de no repetición.
Por Pedro Cárdenas. El autor es cientista social.
Santiago, 4 de diciembre de 2025.
Crónica Digital.
