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“Señor José Antonio Kast: el posible nombramiento de Fernando Rabat como Ministro de Justicia y Derechos Humanos constituye una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura y a sus familiares”, señaló en un duro comunicado la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) junto a otras 15 organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados del país.
Señalaron: “Con ello, usted reafirma una trayectoria de apología de la dictadura y un compromiso con la impunidad, expresado reiteradamente en su discurso al promover la liberación de violadores de derechos humanos condenados por crímenes aberrantes contra nuestros familiares”.
Las razones son que Rabat forma parte de la oficina jurídica Rodríguez, Vergara y Compañía, fundada por Pablo Rodríguez Grez, fundador y jefe del Frente Nacionalista Patria y Libertad, que desarrolló acciones terroristas contra el Gobierno de Salvador Allende. Además, en su calidad de integrante de este estudio, Rabat fue parte del equipo jurídico encargado de la defensa de Augusto Pinochet, luego de su detención en Londres. Con el dictador de regreso en Chile, en 2000, la defensa se extendió a múltiples procesos judiciales, tanto en causas de derechos humanos, como en el emblemático caso Riggs, referido a las millonarias cuentas secretas de Pinochet en la entidad bancaria estadounidense.
Incluyó también la defensa de Lucía Hiriart, esposa de Pinochet, frente al fallo de la Corte Suprema por el decomiso de US$5,1 millones y algunas de sus propiedades en 2018.
Fernando Rabat Celis es abogado de la Universidad de Los Andes, titulado en 1997. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad del Desarrollo.
En El Primer Café de Radio Cooperativa, la presidenta nacional de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Flavia Torrealba, calificó esta decisión como “una provocación, porque no es cualquier abogado”.
“La derecha tiene un montón de abogados, académicos, gente con muchas luces para ocupar el cargo de Ministro de Justicia”, pero Rabat “perteneció a la defensa de Pinochet”, subrayó.
Frente a ello, el diputado republicano Agustín Romero contestó: “¿No encuentra que sea una provocación que Jorge Fuentes Purran sea el seremi de Seguridad? Un abogado que defendió a todos los octubristas que estaban destruyendo Chile”. Como si fueran situaciones comparables.
“Resulta inaceptable que un abogado defendió al dictador Augusto Pinochet, responsable de instaurar durante 17 años una dictadura civil–militar sanguinaria, pueda encabezar una cartera encargada de velar por la justicia y los derechos humanos. Aquella dictadura se sostuvo mediante aplicación sistemática del terrorismo de Estado, que significó persecución política, exilio, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas de miles de personas, incluidos niños, niñas y adolescentes”, señaló la declaración de la AFEP y las organizaciones promotoras de los derechos humanos.
A todo ello se suma un antecedente revelado por “El Mostrador”: su vínculo estrecho con la familia Claro: Rabat está casado con una sobrina de Ricardo Claro, uno de los empresarios más influyentes del país, recordado por haber revelado una grabación de una intercepción telefónica ilegal realizada por el Ejército al entonces senador Sebastián Piñera en 1992, en un programa de Megavisión, cuando era dueño de la estación. Como se sabe, aquello fue una turbia conspiración de la derecha extrema y el pinochetismo destinada a impedir una eventual candidatura presidencial de Piñera.
Agregó El Mostrador que la relación viene dada por el fallecido Arturo Claro Fernández, primo de Ricardo Claro, suegro de Fernando Rabat. El diario electrónico consignó que uno de los antecedentes que llama la atención de su currículo es el reconocimiento que ganó como el mejor abogado civilista de su generación. El premio se llama “Claro y Cía”, estudio de abogados que asesora y representa al Grupo Claro.
Santiago, 16 de enero de 2026.
Crónica Digital.
