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Por Pablo Zenteno ExDirector Nacional del Trabajo. Candidato a diputado
Desde abril del año 2022, hasta el 19 de agosto de este año, tuve el honor de estar a cargo de la Dirección del Trabajo (conocida en todo el país por sus inspecciones del trabajo). En dicho periodo, me tocó conocer de primera mano y en todas y cada una de las regiones del país, la importancia de contar con los recursos adecuados para cumplir con las demandas ciudadanas, en este caso de los millones de trabajadores y trabajadoras que dependen de la fiscalización, la mediación y los trámites laborales para la correcta defensa y cumplimiento de sus derechos laborales. Es que si bien soy un convencido que las Instituciones se fortalecen por sus personas (en este caso los cerca de 2500 funcionarios y funcionarias comprometidas con su labor), es fundamental contar con los recursos públicos adecuados para ello.
Durante mi gestión en la Dirección del trabajo aumentamos la inversión acumulada en infraestructura significativamente, pasando de $575 millones en 2021 a más de $1.960 millones en 2025. Pudimos renovar la flota vehicular institucional adquiriendo en total 52 vehículos nuevos, con una inversión de $1.477.002.505. En materia de dotación, entre 2022 y 2024, se pasó de 2.228 a 2.373 funcionarios y funcionarias, lo que representa un incremento de 145 personas. En definitiva, entre 2022 y 2024, la Dirección del Trabajo incrementó su presupuesto en casi $20 mil millones, pasando de un monto final de M$88.457 en 2022 a un monto final de M$105.5129 en 2024. Este crecimiento permitió mejoras en labores operativas, condiciones laborales, infraestructura, fortalecimiento de equipos y digitalización de procesos.
El beneficio directo para miles de trabajadores y trabajadoras fue aumentar en 24,7% lasfiscalizaciones realizadas entre 2022 y 2024. En el mismo periodo se realizaron más de 2,9 millones de atenciones presenciales en las Inspecciones del Trabajo. Entre enero de 2022 y diciembre de 2024 se registraron 7.949 mediaciones terminadas, con un aumento del 43,85 %. En 2024, se registraron 1.866.943 personas trabajadoras involucradas, lo que representó un incremento de 46,77 % respecto de 2022. El monto de dinero recuperado por las personas trabajadoras a través de los acuerdos alcanzados en los comparendos de conciliación aumentó entre 2022 y 2024 en un 49,43%, alcanzando en 2024 la suma de $113.706 millones directamente para los bolsilos de las y los trabajadores.
Por ello, en el marco de la actual discusión presupuestaria 2026, hacemos un llamado al Gobierno Central para que los ajustes no lo paguen los ciudadanos y ciudadanas de Atacama, pues se ha informado que en el caso de nuestra región esto representaría $4.200 millones menos para el Gobierno Regional, equivalentes a -4,7% respecto de 2025, lo que sería un fuerte retroceso a la descentralización y al fortalecimiento de las capacidades regionales, pues es fundamental ampliar la inversión pública para adelantar los plazos del Plan de Nacional de Infrastructura en la Región (anunciado a inicios de sdptiembre), fortalecer la seguridad pública, la nueva etapa del Plan de Emergencia Habitacional y la profesionalización de los Servicios de Salud, para disminuir las listas de espera.
Santiago de Chile, 1 de octubre 2025
Crónica Digital
