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La Fiscalía Centro Norte comunicó el cierre de la investigación en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, marcando el inicio de la etapa final hacia el juicio oral por el caso Farmacias Populares. El Ministerio Público imputa al exjefe comunal los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, estimando un perjuicio patrimonial de $646 millones para la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP). La acusación sostiene que Jadue, valiéndose de su rol como presidente de la entidad, lideró una serie de operaciones financieras irregulares que llevaron al colapso de la institución.
Entre los hechos descritos en el escrito judicial, destaca la compra millonaria de insumos médicos a la empresa Best Quality SpA durante el año 2020. Según el organismo persecutor, dicha operación se realizó mediante acuerdos de palabra, sin respaldo de los municipios asociados y sin contar con los fondos necesarios en los estatutos internos. Gran parte de estos productos, que incluyeron termómetros y mascarillas por más de $1.300 millones, terminaron almacenados en bodegas sin uso, lo que generó deudas insostenibles que derivaron en la liquidación forzosa de la ACHIFARP.
INTERFERÓN Y SOBORNOS EN SEDE POLÍTICA
El libelo acusatorio también profundiza en el fallido proyecto del fármaco Interferón en convenio con la Universidad de Concepción. La fiscalía sostiene que Jadue engañó al Concejo Municipal de Recoleta al afirmar que contaba con autorizaciones sanitarias inexistentes para obtener una subvención de $204 millones. Sin embargo, en lugar de destinar los recursos al desarrollo del medicamento, los fondos habrían sido desviados para pagar deudas acumuladas con proveedores privados, mientras las dosis experimentales terminaron siendo incineradas por no ser aptas para el consumo humano.
Asimismo, la investigación detalla episodios de corrupción directa, señalando que Jadue habría aceptado beneficios económicos consistentes en mercadería valorada en $19 millones, entregada directamente en la sede del Partido Comunista en Recoleta. En paralelo, su exbrazo derecho, Matías Muñoz, enfrenta cargos por lavado de activos y cohecho tras detectarse depósitos en cuentas de testaferros y compras de vehículos con dinero ilícito. Mientras la defensa se prepara para la audiencia de preparación de juicio, el tribunal revisará el próximo 30 de enero la medida cautelar de arresto domiciliario que pesa sobre el exalcalde. (NP-Gemini-Bio Bio)
