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Parlamentarios del oficialismo cuestionaron duramente las declaraciones de la contralora general, Dorothy Pérez, quien alertó sobre la posible falta de recursos para financiar la Ley de Reajuste al Sector Público debido a la magnitud de los incendios forestales en el sur del país. Pérez señaló que los fondos de emergencia previstos para este año deberán priorizar la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío, lo que dejaría sin respaldo financiero el aumento salarial de los trabajadores del Estado, postura que fue respaldada por un informe del Consejo Fiscal Autónomo.
La reacción del bloque de gobierno no se hizo esperar, acusando a la jefa del organismo fiscalizador de exceder sus atribuciones legales al intervenir en el diseño de la política fiscal, tarea que compete exclusivamente al Ejecutivo. Representantes del Frente Amplio y del Partido Socialista señalaron que la función de la Contraloría debe limitarse al control de legalidad y transparencia, sugiriendo que pronunciarse sobre prioridades presupuestarias constituye un «extravío» de su rol institucional y genera una incertidumbre innecesaria en materias sensibles.
Por su parte, legisladores del Partido Comunista descartaron que el financiamiento del reajuste se encuentre en riesgo, argumentando que el Estado dispone de mecanismos extraordinarios para enfrentar catástrofes sin comprometer los compromisos laborales. Los parlamentarios enfatizaron que es inaceptable contraponer la emergencia de los incendios con los derechos de los funcionarios públicos, especialmente cuando muchos de ellos se encuentran operando en las zonas afectadas por los siniestros. (NP-Gemini-Emol)
