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La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Patricia Ibarra, abordó este lunes la controversia política en torno a la designación de la exfiscal Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad Pública. En entrevista con Cooperativa, Ibarra fue enfática al señalar que no observa «un problema concreto» en el nombramiento, desestimando que las conversaciones previas con el presidente electo, José Antonio Kast, afecten la independencia del Ministerio Público o del Poder Judicial. Para la dirigente gremial, la facultad de Kast para conformar su equipo es libre y soberana.
Ibarra explicó que la labor de un fiscal y la de un ministro de Seguridad son naturalezas distintas que no deben confundirse. Mientras los persecutores tienen un rol constitucional enfocado en la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal una vez cometido un delito, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública tiene objetivos preventivos, de orden público y seguridad ciudadana. Esta separación de funciones, sumada a la estructura jerarquizada de la Fiscalía —regida por instrucciones generales del Fiscal Nacional—, blindaría la objetividad de los procesos judiciales frente a decisiones políticas individuales.
Aunque reconoció que la situación es «novedosa» para la institucionalidad chilena por ser la primera vez que una fiscal en ejercicio salta directamente a un gabinete ministerial, Ibarra valoró el periodo de transición hasta el 11 de marzo como un espacio necesario para «partir aguas». Finalmente, subrayó que mientras no existan evidencias de intereses personales a cambio de favores, la transición de Steinert es una decisión profesional legítima que no debería empañar la credibilidad del sistema de justicia. (NP-Gemini-Cooperativa)
