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Tras la formalización del psiquiatra Alberto Larraín, quien quedó con arraigo nacional, se divulgaron conversaciones privadas que lo vinculan estrechamente con el gobernador de Santiago, Claudio Orrego. Los mensajes revelan coordinaciones previas a la adjudicación directa del programa de prevención del suicidio “Quédate” por más de 1.600 millones de pesos. Según la investigación, Larraín aludía a una competencia de Orrego por ser el primer gobernador en implementar planes de salud mental, señalando incluso que la autoridad pretendía asignarle fondos por cerca de dos mil millones de pesos semanas antes de que el proyecto fuera presentado al Consejo Regional.
La relación entre ambos, que se remonta a la época en que Orrego era alcalde de Peñalolén, habría facilitado la llegada de ProCultura al Gobierno Regional Metropolitano. Los chats muestran que, tras la asunción de Orrego en 2021, se crearon grupos de WhatsApp para gestionar minutas y proyectos sin licitación. Además, se destaca que Larraín fue nombrado director de la Corporación de Desarrollo Regional por propuesta del gobernador apenas un día antes de que su fundación recibiera los millonarios recursos, los cuales fueron depositados inmediatamente en fondos mutuos, acción cuestionada por la Fiscalía.
El avance del caso también complica el futuro judicial de Claudio Orrego, ya que el Ministerio Público busca concretar su desafuero, solicitud que sería revisada próximamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. Los antecedentes incluyen un mensaje enviado por el gobernador a través de Telegram en 2023, tras estallar el Caso Convenios, donde le pedía a Larraín revisar sus comunicaciones ante posibles complicaciones. Mientras la defensa de los imputados evitó la prisión preventiva, la justicia mantiene bajo estricta vigilancia a los involucrados en las presuntas irregularidades financieras de la fundación. (NP-Gemini-Bio Bio)
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
