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Cómo leer el ensayo: “Una guía para no confundir el mapa con el territorio”
“Este texto no es un programa político ni una hoja de ruta cerrada. Es un ensayo crítico que busca clarificar un problema estratégico recurrente en la izquierda contemporánea: la tendencia a confundir el análisis geopolítico con la lucha de clases real.
La geopolítica explica el escenario.
La lucha de clases explica el conflicto.
Leer este ensayo implica aceptar una incomodidad: que no basta con tener razón en el plano internacional si no se confronta el poder que organiza nuestra vida cotidiana. El texto dialoga críticamente con posiciones recientes —entre ellas un artículo de Daniel Jadue— no para descalificarlas, sino para profundizar sus límites desde una perspectiva materialista.”
LA CONFESIÓN DEL PODER: Cuando la crítica confunde el mapa de la geopolítica con el territorio de la lucha de clases, es una propuesta del consejo editorial de Crónica Digital al autor de este trabajo para que profundice su planteamiento realizado en un artículo publicado el 3 de febrero pasado en este medio.
Introducción
¿Cómo leer este ensayo?
Este texto nace como una respuesta crítica -y fraterna- a un debate reciente sobre la crisis del orden internacional, reactivado por declaraciones del Primer Ministro de Canadá y por el artículo de Daniel Jadue “El derecho internacional dejará de ser farsa cuando termine con la lógica imperial que lo sostiene”, que denuncia con razón el doble estándar del imperialismo y la ficción de la “neutralidad” en la política mundial. Compartimos ese punto de partida: no existe neutralidad posible en un mundo estructurado por relaciones de poder, dominación y dependencia.
Sin embargo, este ensayo propone una advertencia: denunciar el imperialismo no basta si la crítica se queda solo en la geopolítica. La disputa entre Estados, bloques y potencias explica el escenario en el que se mueven los actores, pero no explica por sí sola el conflicto social que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas. Dicho de forma simple: la geopolítica dibuja el mapa; la lucha de clases se juega en el territorio.
Por eso, este texto no se centra en quién se alinea con quién en el tablero global, sino en qué relaciones sociales se reproducen debajo de esas alianzas. Porque un país puede cambiar de bloque internacional, votar distinto en organismos multilaterales o declararse “antiimperialista”, y aun así mantener intacto un modelo económico que precariza el trabajo, endeuda a las familias y concentra la riqueza en pocas manos. Cuando eso ocurre, el mapa cambia, pero el territorio permanece igual.
Chile ocupa un lugar central en este análisis. No por excepcionalísmo, sino por historia: fue aquí donde el neoliberalismo se implantó como experimento material bajo la dictadura de Pinochet, con los Chicago Boys como arquitectos económicos y la represión como condición política. Lo que luego se presentó como “modelo” para el mundo nació como un proyecto de clase impuesto por la fuerza. Comprender esto es clave para no confundir los cambios de discurso o de alianzas internacionales con transformaciones reales del poder.
Este ensayo no es un programa político ni una hoja de ruta cerrada. Es una clarificación estratégica. Busca ordenar preguntas, no clausurarlas. Su objetivo es ayudar a leer críticamente el presente: distinguir entre el lenguaje del cambio y las condiciones materiales que lo hacen posible; entre la crítica moral al orden global y las relaciones de clase que lo sostienen; entre el mapa que observan las élites y el territorio que habitan los pueblos.
La invitación es clara: no perder de vista el suelo que pisamos. El salario, la deuda, el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y el barrio no son temas secundarios frente a la política mundial; son el lugar concreto donde esa política se traduce en dominación o en posibilidad de emancipación. Si la crítica no vuelve ahí, corre el riesgo de volverse abstracta, incluso cuando se presenta como radical.
Desde ese punto de partida, avanzaremos por bloques temáticos que buscan iluminar un mismo problema desde distintos ángulos: qué ocurre cuando se confunde el mapa del poder global con el territorio real de la lucha de clases, y qué consecuencias políticas tiene ese error para los proyectos que aspiran a transformar la sociedad.
Desde ese punto de partida, avanzaremos por bloques temáticos que buscan iluminar un mismo problema desde distintos ángulos: qué ocurre cuando se confunde el mapa del poder global con el territorio real de la lucha de clases, y qué consecuencias políticas tiene ese error para los proyectos que aspiran a transformar la sociedad.
Porque, en última instancia, vale hacerse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿de qué sirve un discurso antiimperialista si no cuestiona el poder del oligarca o del patrón, del banco que usura o de la AFP que impone pensiones miserables, todos ellos actores concretos que determinan nuestra vida diaria?
Aspecto 1 – El mapa
Qué es la geopolítica y por qué importa (pero no alcanza)
Cuando se habla de geopolítica, normalmente se piensa en la relación entre Estados: alianzas, conflictos, guerras, tratados, bloques de poder. Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, los BRICS. Quién domina, quién desafía, quién retrocede. Ese enfoque no es falso. La geopolítica importa, porque define el escenario general en el que se mueven las economías, los gobiernos y las sociedades.
Pero la geopolítica es, ante todo, un mapa. Nos muestra cómo se distribuye el poder entre Estados y bloques, cómo se reordenan las hegemonías y cómo se disputan las zonas de influencia. Un mapa es útil para orientarse, pero tiene un límite evidente: no es el territorio. No muestra la textura del suelo, no da cuenta de quién trabaja, quién manda, quién se endeuda o quién se enriquece en cada lugar.
El problema comienza cuando el análisis político se queda detenido en ese mapa y confunde los movimientos de las grandes potencias con transformaciones reales en la vida de los pueblos. Desde esa mirada, pareciera que basta con que un país cambie de bloque, se enfrente discursivamente a Estados Unidos o se acerque a nuevas potencias emergentes para que el carácter del poder se modifique automáticamente. La experiencia histórica muestra lo contrario.
Un cambio en el equilibrio geopolítico puede abrir oportunidades, pero no garantiza ningún contenido emancipador por sí mismo. Un Estado puede distanciarse del imperialismo clásico y, al mismo tiempo, mantener intactas las relaciones de explotación internas. Puede disputar espacios de soberanía formal en el plano internacional mientras profundiza la precarización laboral, la concentración económica y la mercantilización de la vida hacia adentro.
En América Latina conocemos bien esa tensión. A lo largo de las últimas décadas, distintos gobiernos han intentado ampliar márgenes de autonomía frente a Estados Unidos, diversificar relaciones internacionales o fortalecer bloques regionales. Esos movimientos, en muchos casos, fueron necesarios y legítimos. Sin embargo, cuando no estuvieron acompañados de transformaciones profundas en la estructura económica y social, sus límites aparecieron rápidamente. El mapa se movió; el territorio casi no cambió.
Chile es un ejemplo elocuente de este desfase. El país puede firmar tratados, cambiar de socios comerciales o adoptar discursos críticos del orden global, pero mientras el modelo neoliberal siga organizado en torno a la privatización de derechos básicos, la subordinación del trabajo al capital financiero y la concentración del poder económico, el núcleo del problema permanece intacto. Ningún realineamiento internacional sustituye esa discusión.
Por eso, este ensayo no propone abandonar la geopolítica ni negar su importancia. Propone ponerla en su lugar. La geopolítica explica el escenario en el que se despliega la política; no explica, por sí sola, el conflicto social. Para comprender ese conflicto —y, sobre todo, para transformarlo— es necesario bajar del mapa al territorio donde se juegan las relaciones de clase, las formas concretas de dominación y las posibilidades reales de cambio.
Aspecto 2 – El territorio
¿Dónde vive realmente la lucha de clases?
Si la geopolítica nos ofrece un mapa del poder global, la lucha de clases ocurre en el territorio real que habitamos todos los días. No es una abstracción ni una consigna: es la forma concreta en que se organiza la producción, se distribuye la riqueza y se decide quién carga con los costos de la crisis. El territorio de la lucha de clases no está en las cumbres internacionales ni en los comunicados diplomáticos, sino en el salario, la deuda, el trabajo, la vivienda, la salud, la educación y el barrio.
En Chile, este territorio es fácil de reconocer. Se expresa en pensiones miserables administradas por AFP privadas, en sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, en familias endeudadas para estudiar, para enfermarse o simplemente para sobrevivir. Se expresa en largas jornadas laborales, en la subcontratación, en la informalidad y en la permanente amenaza del despido. Aquí no hay neutralidad posible: estas condiciones no son accidentes, son el resultado de un modelo económico construido deliberadamente para favorecer al capital y disciplinar al trabajo.
Hablar de lucha de clases, en este sentido, no significa invocar un conflicto entre grupos abstractos o “clases internacionales”. Significa observar cómo, dentro de cada país, se enfrentan intereses materiales concretos. El capital —financiero, extractivo, inmobiliario, comercial— organiza la economía en función de la rentabilidad. El trabajo vende su fuerza para sobrevivir, muchas veces en condiciones de precariedad estructural. Esa relación, desigual por definición, es el núcleo del conflicto social.
Por eso, el territorio importa más que el mapa cuando se trata de entender el poder real. Un trabajador chileno no experimenta directamente la disputa entre Estados Unidos y China; experimenta el precio del transporte, el valor del arriendo, la presión de la deuda y la incertidumbre laboral. Una dueña de casa no vive la política internacional como alineamientos estratégicos, sino como el costo de la canasta básica, el acceso a la salud o la falta de tiempo producto de la sobrecarga de trabajo doméstico. Allí se expresa, de manera concreta, la dominación de clase.
El estallido social de 2019 fue una prueba contundente de esta realidad. No surgió como respuesta a un conflicto geopolítico, sino como reacción a décadas de abusos cotidianos acumulados. La consigna “no son 30 pesos, son 30 años” sintetizó con claridad que el problema no era una medida puntual, sino un modelo completo de organización social. El territorio habló cuando el mapa ya no alcanzaba para explicar el malestar.
Este enfoque no niega la dimensión internacional del capitalismo. Al contrario, la incorpora de manera más precisa. El capital se mueve globalmente, pero la vida de los trabajadores está anclada en espacios nacionales y locales. El trabajo no goza de la misma movilidad que el capital, y esa asimetría es una de las bases materiales del poder neoliberal. Por eso, la lucha de clases se manifiesta siempre de forma situada, incluso cuando enfrenta un sistema global.
Volver al territorio es, entonces, una decisión política y analítica. Significa recordar que ningún discurso, por radical que parezca en el plano internacional, puede sustituir la transformación de las relaciones sociales que estructuran la vida cotidiana. Sin ese anclaje material, la crítica corre el riesgo de quedarse en el mapa: correcta en el diagnóstico global, pero impotente frente al conflicto real que define la experiencia de las mayorías.
Aspecto 3 – El mapa
Cuando la geopolítica se confunde con la lucha de clases
Aquí aparece una confusión muy común, incluso en discursos críticos y antiimperialistas: creer que la política mundial se explica solo mirando el mapa, es decir, viendo qué países se enfrentan entre sí, quién desafía a Estados Unidos, quién entra a los BRICS o quién se distancia del dólar.
Este enfoque en el mapa geopolítico, si bien necesario, tiene un límite claro: la geopolítica describe el escenario, no explica el conflicto de fondo.
Ese conflicto tiene nombre: lucha de clases.
Cuando un primer ministro de una potencia como Canadá reconoce que el “orden internacional basado en reglas” nunca fue neutral, no está haciendo un gesto de justicia histórica. Está admitiendo que el viejo orden ya no funciona como antes. Que hay tensiones, disputas y competencia entre potencias. Eso es real. Pero si nos quedamos solo en esa lectura, corremos un riesgo: confundir el movimiento del tablero con una transformación del juego.
Que surjan potencias “intermedias” o bloques como los BRICS no significa automáticamente una mejora en la vida de los pueblos. La pregunta clave no es solo quién manda a nivel global, sino para quién gobierna ese poder dentro de cada país.
Un país puede tener más margen de maniobra internacional y, al mismo tiempo, mantener salarios bajos, pensiones miserables, extractivismo salvaje y endeudamiento masivo. Chile es un ejemplo brutal: durante décadas fue presentado como “modelo” y “socio confiable”, mientras la mayoría vivía asfixiada por el mercado.
Por eso es importante insistir en esta idea central:
la lucha de clases no ocurre entre países, ocurre dentro de ellos.
O, dicho de otro modo: el enemigo principal no vive en un mapa lejano; vive en las relaciones sociales que organizan nuestra vida cotidiana.
Cuando la crítica se queda solo en la geopolítica, la soberanía corre el riesgo de volverse una palabra vacía. No basta con hablar de independencia nacional si las decisiones económicas siguen en manos de bancos, grandes empresas, fondos de inversión o élites locales que gobiernan para sí mismas. Esa “soberanía” puede terminar siendo solo el derecho de una burguesía nacional a explotar sin intermediarios externos.
Por eso este ensayo no niega la importancia de los conflictos entre potencias. Lo que afirma es algo distinto y complementario:
sin organización social desde abajo, sin poder popular real, ninguna reconfiguración geopolítica se traduce automáticamente en emancipación. El mapa puede cambiar de colores, pero si no cambia el territorio que pisan los trabajadores, las dueñas de casa, los jóvenes endeudados o los pensionados, la dominación sigue intacta.
En el próximo bloque, bajaremos aún más el análisis para ver qué fuerzas sociales concretas administran, contienen o canalizan estas crisis, y por qué muchas veces el cambio prometido termina convertido en simple gestión de lo posible.
Aspecto 4 – ¿Quién administra el conflicto?
Capas medias, progresismo y el límite de la política sin poder social
Cuando las crisis estallan —económicas, sociales o políticas— no todas las fuerzas actúan del mismo modo. Algunas empujan hacia el cambio estructural; otras buscan ordenar el conflicto, contenerlo y devolverlo a cauces “seguros”. Aquí aparece un actor clave del último ciclo latinoamericano: las capas medias ilustradas.
¿Quiénes son?
Profesionales, técnicos, funcionarios, académicos, cuadros políticos, sectores con formación universitaria que no poseen medios de producción, pero cuya reproducción material depende en gran medida del Estado, de la institucionalidad y de la estabilidad del sistema. No son la oligarquía, pero tampoco viven la precariedad más cruda. Están en una posición intermedia y, por eso mismo, estructuralmente ambivalente.
Esto es importante subrayarlo:
no se trata de una crítica moral, ni de acusar falta de valentía o coherencia. Es una determinación material, no un defecto ético.
Estas capas pueden hablar el lenguaje del cambio —y muchas veces lo hacen con convicción—, pero cuando el conflicto social amenaza con desbordar el marco institucional, tienden a priorizar la gobernabilidad, el acuerdo y la estabilidad. No porque “traicionen”, sino porque su posición social está atada a la continuidad del orden, incluso cuando ese orden se dice reformar.
Chile ofrece un ejemplo claro.
El estallido social de octubre de 2019 abrió una crisis profunda del modelo neoliberal. Millones salieron a la calle no por geopolítica, sino por salarios, pensiones, deuda, salud, educación, abuso cotidiano. Allí apareció un poder social real: asambleas territoriales, ollas comunes, organización barrial. Eso era territorio vivo.
¿Dónde se resolvió políticamente ese conflicto?
En la firma del Acuerdo por la Paz y en un proceso constituyente diseñado desde arriba. No fue un accidente. Fue la forma concreta en que estas capas cumplieron su función histórica: canalizar la energía social hacia la institucionalidad existente, aun cuando esa institucionalidad estaba diseñada para proteger el modelo.
Lo mismo ocurrió después, ya desde el gobierno. La promesa de cambio convivió con la administración del marco heredado: reglas fiscales intocables, AFP intactas, extractivismo continuo, deuda como forma de disciplina social. No porque “no quisieran cambiar”, sino porque sin presión organizada desde abajo, la política queda atrapada en la lógica del Estado y de lo posible.
Este patrón no es exclusivo de Chile. Se repite en buena parte de la llamada “marea rosa”. Cuando no existe un poder popular autónomo y sostenido, los gobiernos progresistas terminan gestionando la crisis del capitalismo en lugar de superarla. Humanizan el modelo, pero no lo transforman.
Por eso, la pregunta central no es solo quién gobierna, sino con qué fuerzas sociales gobierna.
Sin organización territorial, sindical, comunitaria y popular capaz de disputar poder real, incluso los discursos más radicales tienden a diluirse. La política sin poder social termina siendo administración ilustrada del conflicto.
Este bloque no busca cerrar la puerta a nadie. Al contrario: plantea un desafío.
Si las capas medias ilustradas quieren jugar un rol emancipador, no pueden sustituir al pueblo ni hablar en su nombre. Deben anclarse en un poder social real, construido desde abajo, que las obligue —y las sostenga— a ir más allá de la conciliación.
En el siguiente bloque entraremos en una figura clave para pensar este problema con mayor profundidad: Frantz Fanon, y por qué su lectura va mucho más allá de una cita inspiradora.
Aspecto 5 – Fanon: cuando el mapa se rompe desde abajo
Descolonización, clase y el peligro de cambiar de administrador
Frantz Fanon no es una cita elegante ni un adorno teórico. Es un autor incómodo porque obliga a ir hasta el final. Allí donde muchos discursos se detienen —en la denuncia moral del imperialismo o en la exclusión de la “mesa de los poderosos”— Fanon da un paso más y hace la pregunta decisiva:
¿quién manda realmente después de la independencia?
Fanon escribe desde la experiencia colonial, pero su diagnóstico sigue siendo brutalmente actual para América Latina. Su advertencia central es simple y dura:
si la liberación se limita a cambiar quién administra el Estado, sin transformar la base material del poder, lo que emerge no es emancipación, sino una nueva forma de dominación.
Aquí aparece su crítica a la llamada burguesía nacional.
No se trata de una burguesía creadora, productiva o interesada en el desarrollo colectivo. Es una clase intermediaria, compradora, cuya función histórica es ocupar el lugar dejado por el colonizador para seguir conectando la economía local con el capital global. Cambia el rostro del poder, pero no su lógica.
Esto es clave para nuestro debate actual.
Cuando se habla del “Sur Global” como un bloque homogéneo, Fanon nos obliga a mirar las fracturas internas: no todos los que viven en el Sur están del mismo lado. Hay élites locales que ganan con el extractivismo, con la precarización laboral, con la financiarización de la vida, es decir, el dominio creciente de la lógica de los mercados financieros sobre la economía real y la vida cotidiana. Para ellas, la soberanía nacional suele significar más margen para explotar sin interferencias externas.
Por eso Fanon desconfiaba profundamente de los proyectos que prometían emancipación sin conflicto social profundo. Para él, la descolonización no es una transición ordenada ni un proceso administrativo. Debe ser una ruptura material, violenta en sentido estructural, que transforma al mismo tiempo la economía, el poder y la subjetividad de los oprimidos.
Aquí es donde se marca una diferencia importante con el uso más superficial de Fanon.
Citarlo solo para decir “no hay neutralidad” o “si no estás en la mesa estás en el menú” es quedarse en el mapa. Fanon va más lejos: pregunta qué mesa, quién la construyó y a quién sirve, incluso cuando en ella se sientan gobiernos “progresistas” o “antiimperialistas”.
Para Fanon, el verdadero sujeto emancipador no es el Estado recién independizado ni las élites ilustradas, sino los condenados de la tierra: trabajadores, campesinos, pueblos racializados, mujeres, sujetos expulsados del orden colonial-capitalista. No porque sean “puros”, sino porque no tienen nada que ganar con la continuidad del sistema.
Su famosa frase —“cada generación debe descubrir su misión, cumplirla o traicionarla”— no es un llamado moral. Es una advertencia política.
Nuestra generación enfrenta una tarea clara: no confundir la crítica al imperialismo con la aceptación de nuevas jerarquías, ni la multipolaridad con la emancipación.
Leído desde hoy, Fanon nos dice algo muy concreto:
no basta con cambiar el mapa geopolítico si el territorio —el trabajo, la tierra, los cuerpos, la vida cotidiana— sigue bajo el control del capital, sea extranjero o nacional.
En el próximo bloque llevaremos esta discusión a un terreno muy concreto: Chile, no como excepción, sino como laboratorio adelantado del neoliberalismo y de sus límites.
Cuando esta lógica se materializa en una crisis concreta —cuando el mapa institucional ya no logra contener el conflicto real del territorio—, sus límites aparecen con total nitidez. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Chile.
Aspecto 6 – Chile: cuando el territorio habla más fuerte que el mapa
El laboratorio neoliberal y la lucha de clases en la vida cotidiana
Chile no es un caso más: es el lugar donde esa crisis concreta se expresó antes y con mayor crudeza, convirtiéndose en un laboratorio adelantado del neoliberalismo y de sus límites. Aquí se ensayó antes que en ningún otro lugar el neoliberalismo en su forma más dura, impuesto por la dictadura de Pinochet como experimento económico y social al servicio del capital global. Lo que hoy muchos países viven como crisis, en Chile se vive desde hace décadas.
Por eso Chile permite ver con nitidez dónde vive realmente la lucha de clases.
No vive en los discursos diplomáticos ni en los alineamientos internacionales. Vive en el salario que no alcanza, en la deuda que asfixia, en las pensiones miserables, en la privatización del agua, en la salud convertida en negocio, en el trabajo precarizado y en barrios abandonados por el Estado.
El estallido social de octubre de 2019 no fue una revuelta “antiimperialista” en sentido abstracto. Fue algo más concreto y más profundo: una acumulación de malestar social producida por décadas de precarización, que emergió sin conducción ni organización suficiente, y que fue parcialmente desviada, fragmentada y criminalizada mediante violencia inducida y represión estatal, contra un modelo que organiza la vida para beneficiar a unos pocos. La línea divisoria no fue entre Chile y el extranjero, sino dentro del propio país: entre una élite económica plenamente integrada al capital global. Y una mayoría social endeudada, precarizada y sin control sobre su propia reproducción material.
Durante ese ciclo, emergieron formas de poder desde abajo:
asambleas territoriales, ollas comunes, redes de cuidado, organización barrial. Ahí apareció, aunque de forma embrionaria, una soberanía real, no declarada desde el Estado, sino ejercida en la práctica: decidir colectivamente sobre la alimentación, el territorio, la seguridad, la vida cotidiana.
Ese fue el territorio real de la lucha. No un concepto abstracto, sino prácticas concretas de supervivencia y organización.
Rabia social, violencia y criminalización: no confundir el fenómeno
La irrupción de esta rabia social no fue un fenómeno homogéneo ni políticamente unificado. Durante el estallido coexistieron expresiones de protesta legítima, enfrentamientos con las fuerzas represivas del Estado y ataques a símbolos claros del modelo neoliberal, junto con formas de violencia desorganizada, saqueos y destrucción que afectaron directamente a otros sectores populares. Confundir deliberadamente estos fenómenos fue parte de la estrategia del poder.
A ello se sumó un elemento históricamente recurrente: la intervención activa del Estado para inducir y amplificar el caos. El uso de policías de civil, agentes provocadores, zonas liberadas y montajes represivos no es una anomalía chilena, sino un repertorio clásico de las clases dominantes cuando el conflicto social desborda los marcos institucionales. Su objetivo no es “restablecer el orden”, sino quebrar la solidaridad popular, criminalizar la protesta y justificar una represión masiva.
La brutalidad policial —expresada de forma extrema en las mutilaciones oculares que dejaron a cientos de personas sin visión— no fue un exceso aislado, sino un mensaje disciplinador dirigido al conjunto de la sociedad. En ausencia de organización popular capaz de contener, orientar y defender el conflicto, esta combinación de violencia inducida y represión logró desviar la energía del estallido y preparar el terreno para la restauración del orden neoliberal.
Sin embargo, ese poder social fue rápidamente canalizado hacia el mapa institucional. El llamado “Acuerdo por la Paz” y el proceso constituyente no surgieron para profundizar esa soberanía popular, sino para contenerla, reconducirla y devolverla al cauce del Estado neoliberal. No fue un accidente ni un error técnico: fue el resultado de una correlación de fuerzas desfavorable y del rol histórico de las capas medias ilustradas (profesionales, técnicos, cuadros administrativos) en la administración de la crisis.
El proceso terminó como terminó no porque “faltó pedagogía” o “mejor comunicación”, sino porque la base material del poder nunca fue tocada. Las AFP siguieron intactas, el extractivismo continuó, la banca siguió mandando, el trabajo siguió precarizado. El mapa cambió de colores, pero el territorio siguió igual.
Chile muestra con claridad una lección dura pero necesaria:
sin poder social organizado desde abajo, capaz de sostener el conflicto en el tiempo y disputar el control real de los recursos, toda salida institucional tiende a absorber, neutralizar o derrotar la energía popular.
Esto no invalida la lucha política ni la disputa electoral. La vuelve más exigente. Señala que ningún cambio duradero puede sostenerse solo en el Estado si no existe una fuerza social organizada que lo empuje y lo desborde.
Chile, entonces, no es una excepción ni una anomalía. Es una advertencia adelantada para toda América Latina. Muestra qué ocurre cuando se confunde el mapa con el territorio, cuando se apuesta todo a la administración del conflicto y se abandona la construcción sostenida de poder desde abajo.
En el último bloque, cerraremos el argumento: qué conclusiones estratégicas se desprenden de todo esto y por qué un antiimperialismo sin lucha de clases concreta termina siendo un discurso vacío.
Conclusión
Antiimperialismo, poder real y la prueba decisiva de nuestro tiempo
Si algo deja en evidencia todo lo anterior es esto: no hay atajos discursivos para reemplazar la lucha de clases real. No basta con declararse antiimperialista, ni con denunciar a potencias extranjeras, ni con tomar posición en el tablero geopolítico mundial, si esa posición no se traduce en una confrontación concreta con el poder que organiza nuestra vida cotidiana.
Aquí vuelve con fuerza la metáfora central de este ensayo: el mapa y el territorio.
El mapa es el discurso: quién es enemigo de quién, qué país resiste, qué gobierno se declara soberano. El territorio es otra cosa: es el salario, la deuda, el arriendo, la pensión, la jornada laboral, el barrio, el acceso a la salud y a la educación. Ahí vive la lucha de clases. Ahí se juega la política real.
Un antiimperialismo que no cuestiona el poder del gran empresario local, del banco que lucra con la deuda, de las AFP que condenan a millones a pensiones miserables, del extractivismo que destruye territorios, termina siendo un relato abstracto, desconectado de la experiencia material de las mayorías. Puede ser ruidoso, incluso radical en el lenguaje, pero es políticamente inofensivo.
Esto no significa negar la existencia del imperialismo ni de la dominación global. Significa algo más incómodo: esas relaciones de poder se reproducen y se sostienen a través de clases dominantes locales, de élites económicas nacionales que actúan como socios, intermediarios y beneficiarios directos del orden neoliberal. Sin enfrentar ese poder interno, toda retórica internacionalista queda flotando en el aire.
La experiencia chilena —pero también la latinoamericana— muestra una y otra vez el mismo límite: cuando la política se reduce a ocupar el Estado sin construir poder social desde abajo, el Estado termina ocupando a la política. Las instituciones absorben, moderan y neutralizan incluso a quienes llegaron con promesas de transformación.
Por eso, el problema central no es solo qué discurso usamos, sino desde dónde hablamos y con qué fuerza material lo sostenemos. Sin organización popular, sin tejido social, sin formas de poder colectivo que incidan en la economía, el territorio y la vida cotidiana, cualquier proyecto termina administrando lo existente, aunque cambie el lenguaje o los símbolos.
La pregunta decisiva, entonces, no es solo geopolítica ni ideológica. Es profundamente concreta:
¿De qué sirve un discurso antiimperialista si no cuestiona el poder del oligarca o del patrón, del banco que usura o de la AFP que impone pensiones miserables, todos ellos que afectan nuestra vida diaria?
Responder esa pregunta no es un ejercicio teórico. Es una tarea política pendiente.
Y de cómo se enfrente dependerá si seguimos confundiendo el mapa con el territorio, o si, por fin, empezamos a transformar el suelo que pisamos.
José Campusano Alarcón
Ingeniero Civil en Minas
Ex Agregado Comercial de Chile en Rusia y Vicepresidente de la Comisión Nacional de Derechos Juveniles (CODEJU) en dictadura.
Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital
Santiago de Chile, 9 de febrero 2026
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