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Las diputadas Gael Yeomans (FA), Daniel Melo (PS) y Lorena Pizarro (PC), junto a las concejalas de San Miguel, Viviana Llambías (FA) y Carla Santana (PC), presentaron un oficio en la Contraloría General de la República para solicitar una investigación por el uso de recursos públicos y los graves vicios metodológicos en la consulta ciudadana impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI), con la que busca justificar el cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende a Salesianos.
La acción fiscalizadora se produce a solo días de la votación en el Concejo Municipal, programada para el próximo martes 12 de agosto, donde la jefa comunal intentará aprobar su polémica iniciativa.
La diputada Gael Yeomans señaló que “estamos presentando este escrito en Contraloría en vista de que la alcaldesa Carol Bown está justificando el cambio de nombre por una consulta engañosa. Vecinos y vecinas se preguntan cómo y cuándo se realizó, porque nunca fueron consultados. Queremos que la Contraloría transparente el financiamiento de esta consulta, si se utilizaron funcionarios municipales y cuál fue la metodología. No puede ser que por un gusto antojadizo, Carol Bown se salga con la suya y termine afectando a toda la comunidad”.
Por su parte, el diputado Daniel Melo calificó la situación como inaceptable. «Este instrumento, que a todas luces tiene altos niveles de opacidad, busca justificar un capricho ideológico y negacionista de la alcaldesa Bown. Esperamos que Contraloría aclare el uso de recursos y el mecanismo que se usó para realizar esta consulta llena de grises», afirmó.
Las autoridades denunciaron que el instrumento utilizado por el municipio presenta serias irregularidades que invalidan sus resultados, entre las que destacan:
Instrumento tendencioso: El título y las preguntas de la encuesta están redactados para inducir una respuesta favorable al cambio de nombre, en lugar de consultar de manera neutral.
Universo no definido y falta de representatividad: No se especifica a quiénes se encuestó (residentes de la calle, de la unidad vecinal o de la comuna), y existen múltiples testimonios de vecinos que no fueron consultados, poniendo en duda la validez del supuesto 82% de aprobación.
Solicitud de datos personales: Se pidieron datos como RUT, dirección y teléfono, lo que pudo coaccionar la respuesta de los vecinos por temor a represalias de la administración.
Además de las críticas al proceso, los parlamentarios y concejalas advirtieron sobre los problemas prácticos que generaría el cambio. Instituciones como Carabineros, Bomberos y servicios de ambulancia verían dificultada su coordinación, ya que la misma avenida mantiene el nombre de Salvador Allende en las comunas vecinas de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, generando un punto de quiebre logístico en San Miguel.
Las concejalas de la comuna, en compañía de Hilda Barrueto, integrante del Concejo de la Sociedad Civil de San Miguel, aseguraron además que nueve de los once miembros de este espacio están en contra de realizar el cambio.
La concejala Viviana Llambías señaló que “hemos visto que se ha difundido esta encuesta como si hubieran participado todas las y los vecinos de San Miguel, cosa que no es cierta. Participaron solamente 702 personas, lo que representa tan sólo el 0,4% del universo de habitantes de la comuna. Incluso hay personas que viven en la avenida, pero que nos comentaron que no han sido tomadas en cuenta”.
Finalmente, las autoridades acusaron a la alcaldesa de estar desconectada de las verdaderas prioridades de la comuna. «Es impresentable que gastemos tiempo y recursos en este debate cuando la alcaldesa aún no presenta el plan de seguridad que comprometió. Lo que vemos es un intento de borrar la historia, y eso es algo que no vamos a permitir. Con o sin nombre en la calle, seguiremos defendiendo la democracia siempre», concluyeron.
Santiago de Chile, 8 de agosto 2025
Crónica Digital
