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“Tres días se demoró el Gobierno en mostrar su verdadera cara y ocupar la receta clásica de la ultraderecha: reducir impuestos a los que más tienen y restringir beneficios sociales a los que más necesitan”, sentenció el diputado César Valenzuela al comentar aspectos del “Plan de Reconstrucción Nacional”, que presentó el Presidente José Antonio Kast.
Por su parte, el exsenador Alejandro Navarro se lamentó: “Bajando impuestos a los de mayores ingresos, apretando a los deudores del CAE y limitando acceso a la gratuidad a los jóvenes vulnerables en la educación superior. Así viene la Ley para la Reconstrucción”.
Valenzuela y Navarro saben lo que hablan. El primero fue protagonista clave de la llamada “revolución pingüina” de 2005 desde la Asamblea de Estudiantes Secundarios (ACES). El segundo fue timonel de la Federación de Estudiantes de Concepción (FEC) y de la CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) en los 80. Ambos enfrentaron lo que se denominó “educación de mercado”, uno de cuyos pilares fue el “autofinanciamiento” de la educación superior impuesto por la dictadura en 1981.
Entre los puntos fundamentales de la propuesta de Kast, que debe ser enviada al Congreso Nacional para ser debatida, se incluye el financiamiento de la educación superior, ya que el Gobierno pretende aplicar un cobro efectivo a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo estudiantil pactado por miles de alumnos para ingresar a la universidad que se obtiene a través de la banca privada con aval de Estado y que en el pasado Gobierno de Gabriel Boric se propuso terminar, desafío que quedó sin resolver. La tramitación de la creación de un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) no alcanzó a terminar antes del cambio de mando.
A ello se ha sumado la aplicación de un límite a la gratuidad universitaria, una medida que fue implementada durante la segunda Administración de la Presidenta Michelle Bachelet y que ha sido uno de las más valorada por la población. El proyecto propone limitar la gratuidad universitaria a las personas hasta los 30 años, además de frenar su extensión hacia otros deciles de la población. A ello se suma una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema; y un fortalecimiento de los mecanismos de cobro del CAE.
Según las cifras oficiales, el cálculo del total de personas que han accedido a la gratuidad entre 2016 y 2025 ascendería a más de 1,2 millones de estudiantes, tanto de instituciones púbicas de educación superior y privadas acogidas al sistema. Aproximadamente el 61 por ciento de los beneficios se asignan en la actualidad a estudiantes de regiones distintas a la Metropolitana, lo que refleja un impacto descentralizador de la política y una distribución regionalista de los recursos.
Actualmente, la gratuidad está estancada legalmente en el sexto decil de ingresos. Aunque la ley contempla avanzar a la gratuidad universal, esto depende de que la recaudación fiscal del país alcance un porcentaje específico del PIB, lo cual no ha ocurrido.
El “Plan de Reconstrucción Nacional” incluye medidas económicas también controversiales, como la rebaja de impuestos y la agilización de los permisos ambientales. Es decir, mientras se ponen restricciones a los sectores más vulnerables, los que son los beneficiados por la gratuidad de la educación superior, se abre la mano en forma desembozada por el sector de los grandes empresarios.
Kast ha dicho que con el plan no solo se busca reconstruir las viviendas destruidas por los incendios del verano en el sur del país, sino que también apunta a la reactivación económica y el ordenamiento de las cuentas fiscales. “Van a ver que es más amplio que solamente una reconstrucción material. Es una reconstrucción económica, porque necesitamos más recursos. Es una reconstrucción institucional, de recuperar el respeto a las instituciones que hoy día están cuestionadas”, señaló el Presidente en el anuncio.
Este sábado Kast reconoció que algunas medidas de su Gobierno serán impopulares, pero asegura que son necesarias para alcanzar un equilibro fiscal. “Al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. Pero se lo quitaron, ¿por qué? Porque alguien le mintió. Alguien le dijo que tenía todos los recursos, que no se preocupe, total, paga el que viene. Bueno, eso tiene que cambiar”, enfatizó.
La “reconstrucción económica” contempla la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%; así como la reintegración del sistema tributario. A ello se suma la “reconstrucción institucional”, que considera la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); la agilización de concesiones marítimas; y la generación de canales expeditos para ampliaciones de faena.
El senador Iván Flores pidió al Gobierno no hacer “trampas”. Explicó: “No creo que con cargo a la reconstrucción se pueda rebajar la gratuidad a la educación superior o rebajar el impuesto a las grandes empresas (…) No hagamos trampitas, no metamos cosas que no corresponde rebajar”. Y advirtió: “Vamos a mirar con lupa la propuesta. La verdad es que nos está empezando a preocupar”.
Santiago, 15 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
