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Por su importancia, reproducimos el pronunciamiento de la Coordinadora Interpartidaria por los Derechos Humanos respecto de la decisión del Ministerio de Justicia de retirar de tramitación legislativa el Plan Nacional de Derechos Humanos del Estado de Chile.
LOS DERECHOS HUMANOS NO PUEDEN CONSIDERARSE A UNA “AGENDA DE GOBIERNO”
Frente a la decisión de la Administración Kast de retirar el Plan Nacional de Derechos Humanos de la Contraloría General de la República, la Coordinadora Interpartidaria por los Derechos Humanos estima indispensable señalar lo siguiente:
- El Plan Nacional de Derechos Humanos es el principal instrumento de política pública en Chile diseñado para coordinar, promover y proteger los derechos fundamentales de todas las personas en el país. En términos de su naturaleza Jurídica, es una hoja de ruta con metas concretas e instituciones responsables. No es una declaración de buenas intenciones, sino un compromiso público evaluable. Su construcción es participativa: se elabora con consultas ciudadanas, diálogos regionales y participación de organizaciones de la sociedad civil.
- El primer Plan Nacional de Derechos Humanos correspondió al período 2018–2021, en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El segundo Plan (2022–2025) amplió la cobertura a temas como derechos digitales y empresas, sumando más de 400 medidas. El tercer Plan (2026–2029) es el que ha sido retirado por la Administración Kast de la Contraloría General de la República.
La iniciativa retirada de la Contraloría General de la República contemplaba 175 medidas comprometidas por Ministerios, Subsecretarías, servicios públicos, organismos autónomos, gobiernos regionales y universidades. El plan se articulaba en cinco objetivos estratégicos: igualdad y no discriminación; justicia, seguridad y vida libre de violencia; memoria histórica y justicia transicional; desarrollo sostenible y educación en derechos humanos.
- El Ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha justificado el retiro desde Contraloría. Sostuvo que “se retiró porque suena razonable que un gobierno que inicia sus funciones pueda revisar un plan que va a tener una duración prolongada en el tiempo”. Asimismo, aseveró que “entiendo que ello también ocurrió en el Gobierno de Boric con el plan presentado por el Presidente Piñera. O sea, no es una situación extraña, para nada”.
Esas declaraciones muestran desconocimiento o un intento de desconocer la naturaleza del Plan Nacional de Derechos Humanos como política de Estado.
- No es efectivo que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric hubiera retirado al inicio de su administración el Plan Nacional de Derechos Humanos de aquel entonces. De hecho, el Gobierno de Boric trabajó sobre aquel Segundo Plan y luego procedió a elaborar el tercero que hoy ha sido retirado de Contraloría.
De hecho, tampoco fue retirado por el Gobierno del Presidente Piñera el primer Plan, que fue elaborado durante la segunda Administración de la Presidenta Michelle Bachelet. Al contrario, el Gobierno del fallecido exmandatario se hizo cargo de su ejecución efectiva casi íntegramente, ya que el cronograma de metas comenzaba en enero de 2018.
- La reciente decisión del Ejecutivo de retirar el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos no es un simple trámite administrativo: es una señal que pone en tensión la continuidad de Chile como Estado comprometido con políticas de derechos fundamentales más allá de los gobiernos de turno. La Ley N° 20.885 estructuró el diseño del Plan considerando que cada Administración diseñara la hoja de ruta que la siguiente debía ejecutar, como una política permanente y de Estado. El mecanismo buscaba, precisamente, evitar que los derechos humanos fueran tratados como una “agenda de gobierno”.
Al retirar el Plan para una “revisión”, el actual gobierno avanza en transformar una política de Estado en una herramienta de discrecionalidad política, rompiendo así el hilo conductor que unió los esfuerzos de las administraciones de Bachelet, Piñera y Boric.
La elaboración del Plan retirado involucró consultas regionales, diálogos con organizaciones de la sociedad civil y validaciones técnicas de organismos internacionales como la ONU. Retirarlo de un plumazo para “ajustarlo” a la nuevas agendas de seguridad o crecimiento económico es invalidar la voz de la ciudadanía.
- Existe el temor fundado de que esta revisión busque jerarquizar derechos, priorizando unos y omitiendo otros (como los derechos reproductivos, ambientales o de la diversidad). Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes; pretender que un cambio de signo político justifica la eliminación de compromisos en memoria histórica o protección de la diversidad es desconocer los principios del Derecho Internacional.
Un Estado que somete su hoja de ruta en derechos humanos a la revisión ideológica de cada nuevo gabinete, es un Estado que no ofrece garantías de progreso en las políticas de Estado. Chile no puede permitirse que la protección de la dignidad humana sea una especie de botín de la alternancia en el poder. La revisión debe ser transparente, pública y, sobre todo, no puede significar un retroceso en los estándares ya alcanzados.
Santiago, 20 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
