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Por Álvaro Ramis
La sentencia dictada en el denominado Caso Huracán ha dejado en evidencia uno de los montajes policiales más graves desde el retorno a la democracia. Carabineros fabricó pruebas, manipuló información y sostuvo durante meses una operación que terminó con comuneros mapuche detenidos sobre la base de mensajes falsos. La responsabilidad penal ha comenzado a establecerse en sede judicial. Sin embargo, el daño producido por este caso no se agota en el ámbito policial ni judicial. Existe una dimensión mediática que, aunque no ha sido objeto de imputaciones penales, merece una revisión crítica y eventualmente una investigación pública.
Es importante ser precisos: no existen cargos judiciales ni condenas contra Cristián Bofill ni contra Canal 13 en relación con el Caso Huracán. Cualquier análisis serio debe partir de ese hecho. Pero reconocer esa ausencia de responsabilidad penal no equivale a eximir de responsabilidad política, ética o profesional a quienes, desde los medios de comunicación, contribuyeron a legitimar una operación que hoy sabemos fue fraudulenta.
Durante los primeros momentos del Caso Huracán, buena parte de la cobertura televisiva —en particular en espacios informativos de alto impacto— presentó el operativo como un golpe certero al “terrorismo” en La Araucanía. Se amplificaron versiones policiales sin el contrapeso necesario, se exaltó la supuesta sofisticación tecnológica del montaje y se construyó un relato de culpabilidad anticipada. En ese contexto, Canal 13, bajo la conducción editorial de Cristián Bofill, no fue un actor marginal. Por el contrario, jugó un rol central en instalar un marco interpretativo que reforzó la credibilidad de Carabineros y debilitó, ante la opinión pública, cualquier duda sobre la legalidad del procedimiento.
La pregunta que surge hoy no es penal, sino democrática: ¿puede una sociedad que aspira a estándares mínimos de verdad y justicia eludir el examen crítico del rol que jugaron los medios en la validación de un montaje estatal? El periodismo no es un simple transmisor neutro de versiones oficiales, menos aún cuando estas afectan derechos fundamentales y refuerzan estigmatizaciones históricas, como ocurre con el pueblo mapuche.
La legitimación mediática no es un acto menor. Cuando un medio con alto nivel de audiencia presenta como hechos comprobados lo que luego se demuestra como falso, contribuye a crear condiciones de impunidad, a normalizar abusos de poder y a erosionar la confianza pública en las instituciones. No se trata de censura ni de persecución ideológica, sino de responsabilidad editorial.
Por ello, resulta razonable plantear que el Caso Huracán debiera abrir una discusión más amplia sobre los vínculos entre poder policial, poder político y poder mediático. Así como se investigó el montaje en tribunales, debería investigarse —al menos en el plano ético, académico o parlamentario— cómo ciertos medios contribuyeron a su validación, qué rutinas profesionales fallaron, qué intereses influyeron y por qué no se activaron a tiempo los mecanismos básicos de verificación.
El daño causado por el Caso Huracán no solo recae en las víctimas directas de la persecución penal fraudulenta. Afecta a la democracia en su conjunto. Y en esa afectación, los medios de comunicación no pueden quedar fuera del análisis crítico. No para condenarlos sin pruebas, sino para evitar que, en el futuro, el periodismo vuelva a convertirse —por acción u omisión— en el mejor aliado de un montaje estatal.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.
Santiago de Chile, 11 de enero 2026
Crónica Digital
