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Por Álvaro Ramis
El gobierno de José Antonio Kast acaba de tomar una decisión que quedará grabada como uno de los hitos más vergonzosos en la historia ambiental de nuestro país. Con el retiro de 43 decretos ambientales —instrumentos largamente trabajados, consensuados y urgentes— este gobierno ha revelado su verdadera cara: la de un administrador al servicio de la degradación, un gobierno ecocida.
No es una exageración. Llamar las cosas por su nombre es el primer deber de quien se niega a normalizar lo inaceptable. Lo que ha hecho el gobierno de Kast es un ataque frontal contra la vida, la salud de las comunidades y el futuro de los ecosistemas que nos sustentan.
Borrar el futuro con un trazo
Los 43 decretos retirados no eran ocurrencias burocráticas ni caprichos de escritorio. Eran el resultado de largos procesos técnicos, acuerdos administrativos y, lo más importante, procesos participativos donde organizaciones sociales, científicas y ciudadanía en general aportaron su tiempo, su conocimiento y su esperanza. Hablamos de normas de calidad ambiental para material particulado fino y plomo —es decir, para el aire que respiran nuestros niños y ancianos—. Hablamos de planes de descontaminación, de instrumentos para enfrentar el cambio climático, de reglamentos clave para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Y también hablamos de gestos concretos hacia nuestra biodiversidad amenazada: la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, el plan de recuperación de la ranita de Darwin, la creación de múltiples áreas protegidas en distintas regiones. Todo eso, suspendido. Todo eso, postergado. Todo eso, tirado a la papelera por decisión de un gobierno que prefiere mirar hacia otro lado mientras la crisis climática, ecológica y sanitaria nos golpea la cara.
Una falta de respeto a la democracia
Pero hay algo quizás más grave que el daño ambiental que esta medida provocará: el daño democrático. Detrás de cada uno de esos decretos hay años de trabajo ciudadano. Hay organizaciones que destinaron horas infinitas a participar en consultas, a levantar información, a defender sus territorios. Hay científicos que aportaron su saber con generosidad. Hay comunidades enteras que creyeron que, por fin, sus demandas eran escuchadas.
Este gobierno les ha dicho, sin ambages: «Su participación no importa. Su tiempo no vale. Sus acuerdos no nos obligan». Es una bofetada a la democracia participativa, una declaración de que para la administración Kast el poder se ejerce desde arriba, sin rendir cuentas a quienes sufren las consecuencias de las decisiones.
El nombre correcto: ecocidio
Un ecocidio, en su definición más elemental, es la destrucción del medio ambiente como consecuencia de la acción humana, particularmente cuando esa acción es deliberada o fruto de una negligencia inexcusable. Lo que estamos viendo no es negligencia: es una decisión política consciente. Es la opción por detener el avance hacia estándares ambientales más exigentes. Es la opción por privilegiar intereses que no conocemos por sobre la salud pública y la supervivencia de especies enteras.
Por eso decimos que este es un gobierno ecocida. No porque haya declarado abiertamente su intención de destruir el ambiente, sino porque sus actos concretos —el retiro masivo de estos instrumentos— tienen como efecto cierto y previsible el retroceso en protección ambiental, el aumento de la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de la calidad de vida de las personas.
Llamado a la transparencia y al diálogo
Las organizaciones socioambientales y sociedades científicas que han alzado la voz merecen ser escuchadas. No piden privilegios, piden lo que les corresponde por derecho: que se respeten los acuerdos, que se implementen las medidas necesarias para enfrentar la crisis, que se gobierne pensando en las mayorías y no en las minorías que presionan en las sombras.
El gobierno de José Antonio Kast tiene la oportunidad de rectificar. Puede transparentar los criterios detrás de esta decisión. Puede abrir un diálogo genuino con la sociedad civil. Puede reponer estos decretos y demostrar que, después de todo, le importa algo más que los cálculos de corto plazo.
Pero si no lo hace, quedará para la historia la constancia de que, en el momento crucial, cuando se trataba de elegir entre la vida y los negocios, entre la salud y la conveniencia, entre el futuro y el presente, este gobierno eligió mal. Y eligió por todos nosotros.
La ciudadanía no puede quedar en la incertidumbre. La ciudadanía no puede aceptar que se juegue con su calidad de vida. La ciudadanía debe estar alerta, organizarse y recordar, siempre, que el ambiente no es un tema más: es el soporte de todo lo demás. Gobernar contra el ambiente es gobernar contra la vida misma. Y eso tiene un nombre: ecocidio.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile. miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 20 de marzo 2026
Crónica Digital
