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El Ministerio de Hacienda oficializó, mediante su publicación en el Diario Oficial, el uso de la facultad legal conocida como “balas de plata”, que permite al Presidente José Antonio Kast excluir siete cargos de alta relevancia del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Esta medida faculta al Ejecutivo para realizar designaciones directas, prescindiendo del concurso público de méritos en instituciones clave como el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección del Trabajo y Fonasa.
La herramienta, amparada en la Ley N° 19.882, otorga a cada nueva administración la potestad de nombrar directamente hasta 12 jefes de servicio durante los primeros meses de mandato. Con este movimiento, el Gobierno busca acelerar la instalación de perfiles técnicos de su confianza en áreas sensibles como salud, medio ambiente, obras públicas y desarrollo indígena, sectores donde ya se han anunciado giros profundos en las políticas públicas heredadas.
NOMBRAMIENTOS CLAVE Y PERFILES SELECCIONADOS
Hasta la fecha, la administración de Kast ya ha utilizado parte de este contingente de designaciones estratégicas. Entre los nombres confirmados destacan Jorge Trujillo en el Servicio de Impuestos Internos (SII), quien liderará la reforma para rebajar el impuesto corporativo; David Oddó en la Dirección del Trabajo, encargado de los cambios en fiscalización laboral; y Frank Sauerbaum en el Servicio Nacional de Migraciones, puesto crítico para la agenda de control fronterizo del Ejecutivo.
CRÍTICAS POR CRITERIOS DE MÉRITO Y TENSIÓN POLÍTICA
La activación de estas facultades ha despertado críticas en sectores de la oposición y organizaciones sindicales, quienes acusan un debilitamiento del carácter técnico y meritocrático que busca resguardar el sistema ADP. Los cuestionamientos apuntan a que la exención de concursos en servicios como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o la Conadi podría facilitar la implementación de medidas polémicas, como el reciente retiro de 43 decretos ambientales y la suspensión de la negociación ramal.
Desde el oficialismo, en tanto, defienden la medida como una necesidad administrativa para dar gobernabilidad y celeridad al programa de “Reconstrucción Nacional”. Argumentan que la situación de emergencia y el déficit fiscal heredado exigen autoridades con una alineación total con las metas presidenciales, especialmente en servicios que gestionan recursos críticos y ejecutan inversiones de infraestructura o planes de salud de alto impacto ciudadano. (NP-Gemini-La Tercera)
