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El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Cuadrado, anunció la presentación de una reforma constitucional que busca suprimir la atribución del Presidente de la República para otorgar indultos particulares. La iniciativa surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del Mandatario, José Antonio Kast, quien confirmó que su administración se encuentra evaluando conceder este beneficio a carabineros y militares condenados por delitos ocurridos durante el estallido social, bajo el argumento de buscar un “reencuentro y unidad” nacional.
Cuadrado calificó la potestad presidencial como una “anomalía persistente” en el diseño constitucional chileno, argumentando que las penas deben cumplirse según lo resuelto por los tribunales de justicia y no por decisiones políticas excepcionales. Según el parlamentario, la justicia no puede ser evadida a través de una “puerta lateral” en el Palacio de La Moneda, enfatizando la necesidad de reforzar la igualdad ante la ley y eliminar espacios de discrecionalidad que intervengan en sentencias judiciales firmes.
RESPALDO DE LA CORTE SUPREMA Y DEBATE SOBRE LA UNIDAD
La propuesta legislativa se alinea con las recientes declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien también ha planteado la necesidad de eliminar esta figura o, en su defecto, traspasar el análisis de los casos a un consejo técnico. El diputado Cuadrado subrayó que la existencia de esta facultad presidencial genera tensiones innecesarias en el sistema democrático, especialmente cuando se utiliza para favorecer a sectores específicos involucrados en contextos de alta sensibilidad política y social.
Por su parte, el Ejecutivo ha defendido la medida a través del Ministro de Justicia, quien aseguró que no existen plazos perentorios y que no se “saltará la fila” en el procesamiento de las solicitudes. El Presidente Kast ha reiterado que el objetivo de estos posibles indultos es superar las fracturas del pasado reciente, planteando que en algún momento el país debe dejar atrás las trincheras. Sin embargo, para la oposición, este camino representa un retroceso en materia de derechos humanos y una señal de impunidad frente a la acción de la justicia ordinaria. (NP-Gemini-Emol)
