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Tras una semana marcada por contingencias económicas, La Moneda ha definido como prioridad política retomar el control de la agenda migratoria. El objetivo del Ejecutivo es agilizar la salida de extranjeros en situación irregular, cumpliendo así con uno de los ejes centrales del programa del presidente José Antonio Kast. En el palacio de gobierno existe consenso en que el primer vuelo de expulsión debe generar un alto impacto público para dar señales de gobernabilidad y orden.
El nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó que se realizan gestiones diplomáticas para destrabar los procesos con Venezuela, país de origen del 60% de los ciudadanos con decretos pendientes. Según el balance oficial, existen actualmente cerca de 46,000 órdenes de expulsión vigentes que no han sido ejecutadas. Ante este escenario, la autoridad prevé que los primeros operativos aéreos podrían materializarse durante el mes de abril.
ESTRATEGIA INTEGRAL Y FISCALIZACIÓN
La hoja de ruta gubernamental contempla una estrategia combinada que incluye expulsiones administrativas, salidas voluntarias y un refuerzo en las fiscalizaciones laborales. Para ello, se coordina un despliegue conjunto entre la PDI, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, con el fin de sancionar a empresas que contraten personal sin regularizar. El plan busca corregir las descoordinaciones y los procesos manuales heredados que dificultan la celeridad del sistema.
PRESIÓN LEGISLATIVA Y EXPECTATIVAS
Desde el Congreso, parlamentarios oficialistas han manifestado la necesidad de pasar de los diagnósticos a la implementación inmediata. Mientras algunos legisladores advierten que las demoras burocráticas afectan la capacidad de respuesta del Estado, otros llaman a la cautela debido a la complejidad de los procesos diplomáticos. No obstante, existe una coincidencia general en que los próximos 90 días serán determinantes para mostrar resultados concretos frente a la crisis migratoria. (NP-Gemini-La Tercera)
