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El Presidente José Antonio Kast confirmó el respaldo a la decisión del Ministerio de Vivienda de anular el proceso de expropiación del predio de la ex Colonia Dignidad. El mandatario justificó la medida señalando que el país atraviesa un complejo escenario de ajuste fiscal, lo que obliga al Ejecutivo a redestinar los recursos públicos hacia tareas urgentes, como la reconstrucción en la Región del Biobío y la atención de personas en situación de calle.
Durante una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el jefe de Estado cuestionó la magnitud del proyecto original, calificando como “no razonable” la intención de destinar 117 hectáreas para un memorial. Kast planteó que, si bien no se desconoce el sufrimiento de las víctimas vinculadas al enclave, cualquier espacio de reflexión o encuentro debe ser acotado y acorde a la realidad económica nacional, evitando endeudar al Estado frente a necesidades sociales más apremiantes en salud y vivienda.
El Mandatario enfatizó que su gestión priorizará el uso de fondos en áreas de impacto directo para la ciudadanía, como el acceso a servicios básicos, por sobre proyectos de gran envergadura territorial. Esta decisión se suma a la reciente paralización de otras obras de infraestructura urbana, bajo la misma premisa de optimizar el gasto público en favor de los sectores más vulnerables y de las zonas afectadas por emergencias climáticas o sociales.
“AHORA DESPERTARON”
Kast se refirió también a las recientes protestas lideradas por estudiantes secundarios en rechazo a los recortes en educación y al alza en los combustibles. El mandatario sostuvo que diversos sectores políticos que se mantuvieron inactivos durante la administración de Gabriel Boric han reactivado su presencia en las calles, calificando este fenómeno como un despertar tras un periodo de hibernación ideológica.
El jefe de Estado marcó una clara distinción entre el derecho a la manifestación y los actos de violencia irracional, asegurando que su Gobierno combatirá con rigor la destrucción de propiedad pública y privada. Para ello, anunció la implementación de controles de identidad preventivos, la verificación estricta de autorizaciones para marchas y la aplicación de responsabilidades individuales para quienes causen desmanes, advirtiendo que los autores de destrozos deberán enfrentar las consecuencias legales y económicas de sus actos.
Asimismo, el Ejecutivo hizo un llamado a los padres y apoderados a involucrarse activamente mediante la firma de los reglamentos de convivencia escolar, con el fin de facilitar la notificación oficial cuando un menor abandone el establecimiento en horarios no autorizados. Finalmente, el Presidente Kast planteó interrogantes sobre la presencia de adultos en las movilizaciones escolares, sugiriendo la necesidad de identificar si estos cumplen roles de instrucción o coordinación en las marchas, aunque sin entregar antecedentes específicos sobre dichas agrupaciones. (NP-Gemini-Cooperativa)
