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Una comisión de expertos convocada por el Ministerio de Hacienda entregó su informe final con un total de 34 propuestas para reducir y contener el gasto público, con un potencial de ahorro fiscal de hasta US$4.480 millones. El trabajo, liderado por cinco economistas con experiencia en el sector público, académico y organismos internacionales, busca abordar las presiones fiscales que enfrenta el país.
De las 34 medidas, 16 buscan una reducción directa del gasto, lo que podría generar un ahorro de aproximadamente US$2.000 millones anuales a largo plazo, equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Otras 18 propuestas se centran en contener el crecimiento futuro del gasto, con un potencial de ahorro de US$2.481 millones.
PROPUESTAS Y PLAZOS
Las medidas con mayor potencial de ahorro se concentran en dos áreas principales: la gratuidad en la educación superior y el control de las licencias médicas en el sector público.
Educación Superior: Se proponen tres medidas que juntas sumarían un ahorro de US$580 millones. Estas incluyen mejorar la asignación de beneficios estudiantiles para evitar accesos indebidos, evaluar la incorporación de un límite de edad para la gratuidad y eliminar el «gatillo» macroeconómico que permite la expansión automática de este beneficio.
Licencias Médicas: Se propone un mayor control sobre el Subsidio por Incapacidad Laboral, con el fin de homologar las reglas entre los sectores público y privado y reforzar la fiscalización. Esta medida, por sí sola, podría generar un ahorro de hasta US$556 millones.
Otras propuestas relevantes incluyen la racionalización de programas públicos con bajo desempeño y un plan para ajustar las dotaciones de personal docente en establecimientos educacionales.
En cuanto a la implementación, la Dirección de Presupuestos (Dipres) señaló que solo dos de las medidas de ahorro pueden ser efectivas en 2026, con un ahorro estimado de US$26.2 millones. La mayoría de las propuestas de mayor envergadura se harían efectivas a mediano y largo plazo, entre 2027 y después de 2030. Un 40% de los ahorros propuestos depende de ajustes administrativos, mientras que un 39% requiere cambios legislativos.
Reacciones de expertos y el Gobierno
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, agradeció el «trabajo constructivo, técnico y riguroso» de la comisión. Martínez anunció que el Ejecutivo analizará las recomendaciones y presentará un plan de acción detallado en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, destacando la necesidad de un «acuerdo político amplio» para enfrentar los desafíos del gasto público.
Por su parte, el economista Matías Acevedo, uno de los integrantes de la comisión, enfatizó la urgencia de abordar las licencias médicas y la gratuidad, donde se ha detectado un crecimiento acelerado y un acceso indebido. «No podemos seguir avanzando y comprometiendo la sostenibilidad fiscal en el largo plazo», afirmó. Economistas como Macarena García (LyD) y Cristina Torres (Universidad San Sebastián) coincidieron en la relevancia de las medidas, aunque reconocieron que su implementación podría enfrentar presiones políticas.
