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La gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se encuentra en el centro de una controversia política tras la decisión de suprimir la Unidad Estratégica, instancia clave creada para centralizar e integrar la información de seguridad pública en el país. La medida, que derivó en la desvinculación de varios funcionarios y la renuncia de su director, el experto Fabián Gil, ha abierto un debate sobre la eficiencia administrativa frente al cumplimiento de las obligaciones legales del nuevo ministerio.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la reestructuración argumentando razones de efectividad y eficiencia. Según el jefe de gabinete, se detectó una duplicidad de funciones con divisiones preexistentes, como el Departamento de Análisis Criminal. Alvarado sostuvo que el Gobierno posee la facultad legítima de organizar sus servicios siempre que se sigan cumpliendo las funciones mandatadas por la ley, descartando que la salida de personal afecte las tareas críticas de la cartera.
El exministro de Seguridad, Luis Cordero, refutó los argumentos de Palacio, señalando que la existencia de dicha unidad no es una opción administrativa, sino una obligación legal establecida por el Congreso al crear el ministerio. Cordero explicó que la ley diseñó esta unidad bajo la dependencia directa del ministro para garantizar tres pilares fundamentales:
- Unificación de datos: Integrar la información dispersa de distintas instituciones bajo patrones únicos.
- Rendición de cuentas: Permitir un control civil transparente sobre la política de seguridad.
- Separación de roles: Evitar que el ministerio asuma facultades operativas que confundan su rol de control sobre las policías.
“Hay una cosa de la que no puedo disponer: la Unidad Estratégica. La ley impone que dependa directamente del Ministerio de Seguridad”, enfatizó el exsecretario de Estado.
La disputa escala en un momento sensible, justo cuando el Gobierno se prepara para presentar nuevos proyectos de ley en materia de seguridad tras los recientes ataques en recintos educacionales. Mientras el oficialismo apuesta por una estructura más compacta para agilizar la gestión, la oposición y expertos advierten que la supresión de la unidad podría debilitar la capacidad del Estado para analizar el fenómeno criminal de manera sistémica y sujeta a fiscalización. (NP-Gemini-Emol)
