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El oficio ingresado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por los diputados Miguel Mellado y Carla Morales, a nombre de la bancada de RN, apuntó a esclarecer el número definitivo de pensiones de gracia asignadas a falsas víctimas del estallido social.
- El documento fue ingresado este jueves, luego de que Ex-Ante revelara el caso de Juan Francisco Villalobos Prado, 39, el pensionado que estuvo un año y medio prófugo por estafa, y que hasta mayo había recibido $16.415.350 como afectado del 18-O, pese a que en enero se cerró la causa en que figuraba como supuesta víctima de torturas y abuso sexual por parte de Carabineros.
- “El denunciante no asistió en dos oportunidades a las pericias citadas por el Servicio Médico Legal (SML)”, dijo el INDH para explicar por qué respaldó el cierre de la causa abierta tras una querella del instituto.
- El caso se suma al de los hoy ex pensionados de gracia Robinson Jaramillo Monje, 58, y Francisco Gatica Catalán, 34, quienes enfrentarán cargos por fraude de subvenciones, con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellante.
- El primero dijo haber sido baleado en un pie por militares, pero el SML descartó su versión. El segundo aseguró haber recibido un tiró de perdigón en el ojo por parte de Carabineros, pero luego reconoció al INDH que había chocado contra un poste y un árbol.
- Ninguno de los dos llegó a la audiencia de formalización de este jueves en Temuco, por lo que ésta se reprogramó para el 16 de octubre, dado que la fiscalía dio nuevas direcciones para notificarlos.
- Las falsas pensiones de gracia son una de las materias que deberá abordar el nuevo director Yerko Ljubetic, luego de que este mes concluyera el período de la exdirectora Consuelo Contreras.
“Calificaciones erróneas”. “Solicitamos se remita un informe detallado acerca de las medidas dispuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para dejar sin efecto las calificaciones erróneas que derivaron en la entrega injustificada de pensiones de gracia a ‘víctimas del estallido’, informando específicamente el estado de los sumarios instruidos en relación con esto por orden de la Contraloría General de la República”, dijo el oficio.
- Lo último, en referencia al informe 419 / 2023 de Contraloría, que identificó 58 casos con prontuario previo por “estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar”.
- Esto dio origen a que el gobierno revocara el año pasado 28 pensiones, entre casos con prontuario y otros que figuraban como víctimas e imputados en una misma secuencia de hechos.
- Ambos grupos recibieron los beneficios porque ni el INDH que presentaba los casos, ni la comisión presidencial que los analizó, revisó sus antecedentes penales ni policiales. La explicación que dieron entonces fue que no era un requisito legal.
Las otras peticiones del oficio. “Solicitamos se evalúen mecanismos de reparación en favor de aquellos ciudadanos perseguidos penalmente de manera arbitraria por medio de querellas deducidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en los términos precedentes”, dijo también el documento.
- A esto añadieron que “se considere en el próximo informe anual un capítulo especial para tratar los casos de persecución penal arbitraria por parte del Estado, y en particular del INDH, de agentes estatales que desempeñaron funciones de control del orden público con ocasión del denominado ‘estallido social’”.
$5.434.446.015. La Tesorería General de la República detalló, tras una solicitud por ley de transparencia realizada en junio, que a mayo de este año el estado había entregado $5.434.446.015 a 405 de los 418 pensionados de gracia del estallido social.
- Estos se dividieron en 270 beneficiados durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y 148 en la administración del expresidente Sebastián Piñera.
- Los casos de falsas víctimas del estallido social se han entremezclado con docenas sí acreditadas, como Gustavo Gatica, quien quedó ciego en 2019 por un tiro policial. (Ex Ante)
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