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Ante lo sucedido en el Instituto Nacional, en el Barros Borgoño y otros liceos de la comuna de Santiago, diputados de Renovación Nacional (RN) encabezados por Miguel Mellado, jefe de bancada, oficiaron al defensor de la Niñez para que intervenga promoviendo “la continuidad de las actividades académicas como requisito sine qua non para asegurar el ejercicio del derecho a la educación”.
En el escrito dirigido al defensor Anuar Quesille, los parlamentario exponen que la semana pasada “un puñado de estudiantes” llegó hasta el edificio Consistorial de la Ilustre Municipalidad de Santiago, donde provocaron desórdenes y luego ocuparon el Instituto Nacional.
Días después, un “comunicado” del Centro de Estudiantes del mismo plantel, dio a conocer “la toma y cese de actividades desde el día viernes 25 de julio, impidiéndose el normal funcionamiento del establecimiento y el acceso a los restantes miembros de la comunidad”. Lo anterior, fue calificado por los militantes de RN como “un acto unilateral de fuerza por parte de un puñado de estudiantes que intentan validar este acto vulneratorio mediante una votación días más tarde”.
Cabe recordar que según información de El Mercurio, de los cinco establecimientos que llevaron adelante tomas (desalojadas luego), solo el Liceo N°1 dio a conocer el resultado de las votaciones. Lo cierto, según se explica en el documento enviado a la Defensoría de la Niñez, es que las tomas se reactivaron en las últimas horas “todo lo cual genera un ambiente de incertidumbre acerca de la continuidad de las actividades académicas”.
Anuar Quesille, defensor de la Niñez. Javier Salvo (Aton Chile)
Asimismo, los apoderados “frente a la posibilidad de actos violentos en las inmediaciones de los mismos (establecimientos), dudan de enviar a sus hijos a clases o lo hacen acongojados por los riesgos que corren”. No dejan de lado en el oficio que incluso menores que estuvieron en contra de las movilizaciones, sufrieron coacción.
Todo lo expuesto, precisaron los legisladores, “suponen una grave alteración al derecho a la educación de los estudiantes (…) la toma de los establecimientos es una medida de fuerza que impide manera coactiva la realización de actividades lectivas, cuestión que en caso alguno se valida mediante votaciones del estudiantado que tienen lugar en un ambiente de violencia y coerción”.
De igual forma, hacen ver que la no realización de actividades regulares “por hechos de fuerza como estos conculca seriamente el derecho a la educación, previsto a nivel interno en formas orgánicas constitucionales y en la propia Carta Fundamental, pero además en todo el Sistema Universal de Derechos Humanos”.
La problemática generada por anteriores hechos de violencia, como las tomas en liceos emblemáticos, provocó que incluso en el Simce o la PAES, 98 de los 100 primeros colegios sean particulares pagados, mientras que de los dos restantes uno es municipal y otro subvencionado.
Para los parlamentarios, esto da muestra del aumento de la brecha entre los colegios privados y públicos. En el caso del Instituto Nacional, que “albergó a presidentes de Chile y que se posicionaba regularmente en el top 10, fue relegado el año pasado al lugar 267 y este 2025 al 303”.
“Conviene que esta Defensoría tenga en consideración la necesidad de reforzar el rol que está cumpliendo el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes, asegurando el derecho a la educación de miles de niños en el marco de sus atribuciones”, sostuvieron.
“La pasividad de esta Defensoría no puede entenderse como una muestra de simpatía con tomas o manifestaciones que, por más que se les intente calificar de pacíficas, terminan necesariamente en destrucción de mobiliario que el Estado dispone para optimizar el proceso educativo de los estudiantes”, agregaron.
Además de la intervención para promover que continúen las actividades académicas, los diputados RN solicitaron al defensor que pida los antecedentes de los órganos de la administración “en relación a las medidas adoptadas por cada uno de ellos para asegurar la continuidad lectiva”, como también las medidas que se impulsaron para proscribir y sancionar “cualquier medida de coacción respecto de alumnos que disientan en la continuidad de las movilizaciones”. (Radio U. de Chile)
