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La Corte de Apelaciones de Chile decidió suspender por un mes a la jueza Irene Rodríguez, quien está vinculada a la fuga del sicario Alberto Carlos Mejía, sindicado por el asesinato de un empresario.
La funcionaria dirigió la audiencia de presentación de cargos y envió a prisión preventiva a Mejía, en ese momento con el nombre falso de Osmar Ferrer, pero luego cursó un oficio al Cuerpo de Gendarmería para anular la medida debido a un error en la redacción del documento.
Más tarde emitió una nueva resolución ya corregida, donde ratificaba la prisión, pero –por alguna razón no determinada– ésta no llegó a su destino y el sujeto quedó en libertad.
Otra irregularidad fue que las autoridades judiciales se percataron del hecho solo varios días después y para entonces el acusado había cruzado la frontera con Perú, donde le perdieron la pista.
Interrogada sobre su responsabilidad en esta cadena de desaciertos, la jueza declaró su inocencia y negó cualquier dolo o corrupción.
No obstante, este sábado resultó separada temporalmente de su cargo mientras adelantan las investigaciones del caso, que pone una vez más en tela de juicio a los aparatos de justicia del país.
Chile presentó una orden de captura ante Interpol para dar con el paradero de Mejía, quien, junto a dos cómplices ya detenidos, asesinó por encargo al empresario José Reyes, conocido como el “rey de Meiggs”, un populoso mercado ubicado en la comuna de Santiago.
Como autor intelectual del crimen está sindicado Wilson Verdugo, amigo de la víctima y a quien le debía una fuerte suma de dinero.
Santiago de Chile, 26 de julio de 2025.
Crónica Digital / Prensa Latina.
