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Una ola de críticas transversales en el oficialismo y la oposición ha desatado la revelación de millonarios bonos de entre 8 y 11 millones de pesos recibidos en junio por más de 60 directivos y profesionales de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Los pagos, considerados «desproporcionados y desconectados de la realidad del país», se produjeron justo cuando la Dipres, encargada de la austeridad fiscal, enfrenta cuestionamientos por desviaciones en sus proyecciones y el complejo estado de las finanzas públicas.
Los montos entregados, enmarcados en incentivos trimestrales establecidos por ley, superaron significativamente los beneficios percibidos en meses anteriores y excedieron los bonos de reparticiones similares. El caso más notorio involucra a las subdirectoras de la entidad, Sereli Pardo y Tania Hernández, quienes recibieron más de 11 millones de pesos en bonificaciones, superando incluso la remuneración total de la directora, Javiera Martínez.
Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN) calificó los bonos como una «profunda y preocupante contradicción», señalando que la entidad que exige austeridad al resto del Estado no aplica el mismo rigor para sí misma, generando una «señal de inconsecuencia que daña gravemente la confianza pública». Sauerbaum argumentó que estos bonos son un síntoma del «crecimiento descontrolado y fiscalmente insostenible del aparato estatal». En la misma línea, el diputado Felipe Donoso (UDI) anunció que pedirán a Hacienda un informe sobre los criterios de justificación, cuestionando si los profesionales de la Dipres ganarían montos similares en el sector privado.
El malestar también se extendió al oficialismo. El diputado Andrés Giordano (ind-FA) tildó los pagos de «indignantes para las familias trabajadoras» y sugirió abrir un debate sobre un «sueldo máximo» en la función pública. El diputado Juan Santana (PS) coincidió en que los montos son «claramente escandalosos» y provocan un «tremendo daño en la fe pública», llamando a una discusión «más seria» y no populista sobre la profesionalización y el pago de remuneraciones en la administración del Estado.
En su defensa, la Dipres explicó a El Mercurio que los pagos corresponden a la asignación variable definida en una ley de 1991, la misma que beneficia a otros organismos fiscales. La entidad precisó que las remuneraciones no han variado más allá de los reajustes anuales, y que las cifras de junio se ven abultadas porque incluyen la cuota del incentivo del segundo trimestre, además de que los nuevos reportes de Transparencia dificultan la comparación con periodos anteriores. (NP-Gemini-Emol)
