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Durante años, los agricultores hemos denunciado que no existe el libre mercado en la agricultura. Lo que existe es una cadena de valor completamente distorsionada, donde unos pocos controlan los precios, las condiciones y los contratos.
Hemos hablado de abuso de posición dominante, de concentración económica, de extracción de renta, de contratos leoninos. Y muchas veces nos han dicho que exageramos, que así funciona el sistema.
Pero esta semana, Tomás Mosciatti, desde Radio Bío Bío, lo dijo sin rodeos: “El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica… se han transformado en blanqueadores de la concentración económica. Porque dicen: pasé por la fiscalía, pasé por el tribunal, y al final lo que ocurre es que simplemente son blanqueadores de la concentración económica del país”.
Y nos preguntamos: ¿Y si Mosciatti tiene razón?
¿Qué pasa si, además de las malas prácticas empresariales, el problema es estructural, y la institucionalidad encargada de proteger la competencia ha terminado validando y legitimando el abuso? ¿O es un problema de las leyes existentes, que permiten que esto ocurra sin consecuencias?
La denominada ‘Sentencia 7’ del Tribunal de Libre Competencia de año 2004, ya identificaba que empresas como Soprole, Nestlé y Watt’s ejercían poder de mercado para imponer precios y condiciones a los productores de leche. El fallo fue categórico: se exigió publicar pautas de precios, garantizar opciones contractuales y corregir las prácticas abusivas. Pero veinte años después, el juicio entre Chilterra y Prolesur demuestra que nada cambió en lo esencial. Las mismas empresas siguen imponiendo precios de compra de manera unilateral, sin justificación económica transparente, y asfixiando a los productores.
¿Cómo se explica esta persistencia del abuso? ¿Será porque, como dice Mosciatti, la FNE y el TDLC pasaron de ser fiscalizadores a ser sellos de aprobación? ¿O será que las leyes fueron escritas para proteger esta estructura?
La Fiscalía ha hecho informes. Ha señalado riesgos. Ha pactado medidas con las empresas. Pero mientras tanto, el campo se vacía, los agricultores se endeudan, la producción nacional retrocede, y la violencia crece en las regiones. ¿Qué más tiene que pasar para que se actúe con firmeza?
Desde Agricultores Unidos, vemos en el juicio Chilterra vs Prolesur un caso clave. Si los tribunales reconocen que hubo abuso de posición dominante, se abrirá la posibilidad de revisar contratos, precios, mecanismos de compra y políticas de mercado. Pero si se minimiza, si se ampara nuevamente a los conglomerados, entonces quedará claro que el modelo chileno ya no es compatible con una economía rural sana.
Y ahí es donde las palabras de Mosciatti pesan. Si tiene razón, y el sistema institucional funciona como fachada para validar la concentración, entonces no basta con seguir denunciando. Habrá que cambiarlo todo. Desde las leyes hasta las autoridades. Porque lo que está en juego no es un contrato más, es el futuro de la producción alimentaria chilena.
No queremos más discursos sobre eficiencia, modernidad o crecimiento. Queremos justicia, transparencia y un mercado que funcione sin abusos y distorsiones.
Y si eso no es posible bajo el sistema actual, entonces es el sistema el que debe cambiar.
Por Camilo Guzmán. El autor es Presidente de Agricultores Unidos.
Santiago, 13 de junio de 2025.
Crónica Digital.
