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Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron la presentación de un nuevo proyecto de ley y la reactivación de una iniciativa anterior, argumentando que la reciente ley que obliga al uso de prefijos para las llamadas comerciales ha resultado «insuficiente» para detener el «acoso» y «hostigamiento» que denuncian seguir sufriendo los usuarios.
La iniciativa fue presentada por las diputadas Marlene Pérez y Flor Weisse, junto con el diputado Juan Manuel Fuenzalida, quienes señalan que, a pesar de que la ley de prefijos (que exige usar el 600 para llamadas solicitadas o con relación contractual y el 809 para empresas sin relación) entró en vigor a mediados de agosto, se mantiene una seguidilla de reclamos, con usuarios que reportan recibir hasta 15 llamadas diarias de cobranza u oferta de servicios.
Los parlamentarios acusan que la normativa actual, que solo obliga a anteponer un número para identificar la llamada, «no frenó el acoso ni el hostigamiento del que son víctimas los chilenos».
Las dos iniciativas propuestas por la UDI:
Nuevo Proyecto de Ley (Bloqueo y Detección): Obligaría a las compañías de servicio telefónico a implementar una herramienta o plataforma que permita a los usuarios detectar y bloquear todas las llamadas con fines comerciales que no hayan sido solicitadas previamente por ellos. Los diputados sostienen que es «indispensable que las personas tengan el derecho a elegir quiénes los pueden contactar».
Reactivación de Proyecto de Ley (Cobranza): Solicitarán iniciar la tramitación de un proyecto de ley presentado en 2023 que busca regular las llamadas de cobranza extrajudicial. La propuesta limitaría estos llamados a un máximo de uno semanal y establecería un horario fijo para su realización: de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 15:00 horas.
Los parlamentarios hicieron hincapié en que este acoso, que afecta incluso a adultos mayores o personas enfermas, no respeta horarios ni condiciones. También alertaron sobre casos en que personas han perdido citas médicas por evitar contestar números desconocidos ante el temor a las llamadas no deseadas, lo que constituye una vulneración a la «más mínima privacidad». Respecto a las llamadas de cobranza, aseguraron que el retraso en el pago «no faculta a las empresas a hostigar de la forma en que lo están haciendo». (NP-Gemini-Emol)
