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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) enfrenta semanas de alta tensión en el clima electoral, marcado por acusaciones de retrasos en pagos al sector de la construcción y fuertes críticas a la lentitud del proceso de reconstrucción tras el megaincendio de Valparaíso.
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se sumó a las críticas al Presupuesto 2026 del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por no incluir la denominada «glosa republicana», que destina fondos de libre disposición para la administración entrante. Jara aseguró que, de ser electa, destinaría prioritariamente esos recursos a la reconstrucción de las viviendas de Viña del Mar, urgiendo al Parlamento a reponer la glosa.
La aspirante a La Moneda elevó sus cuestionamientos directamente al Minvu, calificando la reconstrucción de Viña como «impresentable» en términos de gestión y demora, y responsabilizando directamente al Ministerio. «Yo creo que, evidentemente, en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad. Ellos son los responsables de la reconstrucción», afirmó Jara en conversación con CNN.
RESPUESTA DE MONTES
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respondió a las críticas, señalando que el Minvu actual maneja un total de 43 reconstrucciones heredadas y agregadas, siendo la de Valparaíso la más grande. Respecto a las demoras, Montes argumentó que el país «no tiene una organización adecuada para esto», aludiendo a los extensos plazos burocráticos. Mencionó que una licitación, incluso para un simple muro, puede demorarse hasta once meses, lo que exige una modificación urgente de la organización.
El titular de Vivienda refutó la crítica de Jara sobre la necesidad de la glosa republicana, asegurando que el financiamiento «no es el problema» en el caso de la reconstrucción, dado que existe un fondo especial, el Fondo de Emergencia Transitorio (FET), que opera de manera funcional.
Según Montes, el verdadero inconveniente reside en la «capacidad de producción, de proceso de reconstrucción» dadas las complejidades que implica el proceso. El ministro reconoció que la gestión ha sido «más lenta de lo que nosotros quisiéramos», y advirtió que construir más rápido conlleva el riesgo de problemas de calidad, lo que ya están asumiendo en diversas partes del país.
Montes lamentó la «sobrepolitización» del tema por la coyuntura electoral, lo que a su juicio distorsiona la realidad y perjudica a las personas que sufren la ausencia de vivienda. Hizo un llamado a asumir el déficit habitacional del país con responsabilidad, reconociendo que es un problema estructural de larga data que no es culpa de un solo Gobierno, sino producto de la organización en torno al suelo y otros factores. Finalmente, cuestionó que en el debate actual «cuesta mucho decir las cosas cómo son y explicarlas, porque se tienden a distorsionar inmediatamente».
DESMIENTE MONTO DE DEUDA
El ministro abordó también la controversia sobre la deuda de la cartera con empresas constructoras de vivienda social, desmintiendo categóricamente la cifra de US$1.000 millones calculada por el sector y negando la falta de recursos para el financiamiento.
Montes reconoció que «efectivamente existe una deuda» con plazos de pago vencidos, pero afirmó que el proceso de regularización se está recuperando. El secretario de Estado cifró la deuda real de su cartera en torno a los US$130 millones. Acusó que el sector constructor infla la cifra al «sumarle otras cosas que no tienen mucho que ver», como el confirming en el caso de la Región Metropolitana, un mecanismo de financiación que ya fue utilizado.
El ministro atribuyó gran parte de la controversia a la coyuntura electoral, señalando que «esto está muy politizado» y que la información que circula es «parcialmente verdad». Montes manifestó su interés en reunirse con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para explicarle la situación detalladamente, ya que ella ha criticado la gestión del Minvu en este tema.
No obstante, la autoridad reconoció la existencia de «abuso administrativo» dentro del Estado, admitiendo la denuncia de algunas empresas de que se les pide no entregar la factura para ganar tiempo en el pago. Montes explicó que el desfase en los pagos se originó tras un periodo de presupuesto en expansión en Vivienda que luego fue restringido, lo que generó dificultades operacionales y el «hábito de operar» con menos recursos.
Respecto a las aprehensiones de Matthei sobre el posible traspaso de la deuda y de obras comprometidas al próximo Gobierno, Montes minimizó la preocupación, señalando que el traslado de proyectos y presupuestos de una administración a otra es una práctica habitual en el Estado. «Una parte del presupuesto nuestro en estos cuatro años ha sido de obras que inició incluso Bachelet alguna», ejemplificó.
Finalmente, Montes respondió a la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS), que estimó un déficit presupuestario del Serviu Metropolitano de $312 mil millones para este año. El ministro desestimó esta cifra, argumentando que el gremio (liderado por Carlos Marambio) «suma muchas cosas que no corresponden», como la deuda vencida, el confirming y préstamos que no se concretaron, por lo que la cifra de deuda vencida «es distinta». (NP-Gemini-Emol-La Tercera)
