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A la mujer, de 73 años, y presidenta de la comunidad de Putreguel se le vio por última vez el 8 de noviembre del año pasado, cuando salió junto a su perro a alimentar a los animales.
Tras un largo proceso, en el que incluso intentaron inculpar a algunos de sus familiares, el lunes último la abogada querellante Karina Riquelme reveló a la prensa la existencia de una llamada telefónica donde el empresario Juan Carlos Morstadt le dice a su padre que Chuñil había sido quemada.
Los nuevos antecedentes llevaron a las autoridades y a organizaciones políticas y sociales a exigir una investigación profunda del caso.
Al referirse al tema, el presidente chileno, Gabriel Boric, instó a que las instituciones funcionen y se pueda esclarecer toda la verdad.
“Nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona. Estamos todos preocupados por saber qué pasó, dónde está. En chile no puede haber espacio a la impunidad”, dijo el mandatario.
En un comunicado publicado aquí, el Partido Comunista de Chile (PCCh) expresó su consternación y condena ante los nuevos antecedentes conocidos sobre la desaparición de la líder ambientalista.
“Este hecho no es aislado. Julia Chuñil fue víctima de amenazas y agresiones sistemáticas por parte de actores ligados al empresariado forestal, sectores que han buscado despojar a las comunidades mapuches de sus tierras ancestrales”, señaló el PCCh.
Mientras, la Central Unitaria de Trabajadores advirtió que el Estado y la Fiscalía no pueden seguir guardando silencio cómplice frente a un crimen que atenta contra la vida, la justicia social y los derechos de los pueblos.
Los antecedentes del caso, que apunta a una posible acción criminal, obligan a reflexionar sobre la fragilidad institucional y la deuda pendiente con el Acuerdo de Escazú, afirmó el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
El tratado, firmado por Chile en 2018 y ratificado en 2022, reconoce el derecho de las comunidades a participar en decisiones ambientales y, de manera muy significativa, llama a resguardar a los defensores de los derechos humanos en estos asuntos.
Para Ramis el caso de Julia Chuñil revela tres desafíos: garantías de seguridad y protección para los ambientalistas, reconocimiento a los pueblos indígenas como actores centrales y el fin a la impunidad.
“La desaparición de Julia Chuñil no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón regional donde defensores ambientales sufren agresiones sistemáticas”, recordó el rector en un artículo publicado en el sitio digital elmaipo.cl.
Añade que Escazú nació precisamente como respuesta a este escenario, sin embargo, su vigencia real dependerá de que los Estados traduzcan sus compromisos en políticas públicas tangibles, con voluntad y presupuesto suficiente.
Según Global Witness, América Latina es la región con más asesinatos de defensores de la naturaleza, con el 82 por ciento de los casos.
De acuerdo con esa organización, en 2024 al menos 120 activistas fueron asesinados o desaparecidos en Latinoamérica.
Santiago de Chile, 4 de octubre 2025
Crónica Digital/PL
