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Un grupo de universidades privadas, lideradas por la Corporación de Universidades Privadas (CUP), se encuentra a horas de ingresar un escrito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por un presunto «sesgo» en la asignación de aportes estatales, que, según las instituciones, vulneraría la libre competencia. Fuentes conocedoras del proceso indican que la ofensiva legal podría concretarse esta misma semana.
La acción se origina en la convicción de varias casas de estudio de que la estructura actual de financiamiento y transferencias del Estado hacia las instituciones de educación superior ha generado una discriminación que favorece a las universidades estatales y a las tradicionales del Consejo de Rectores (Cruch), una situación que, según las universidades privadas, se arrastra hace más de 20 años.
DISCRIMINACIÓN EN FINANCIAMIENTO
El malestar se intensificó tras conocerse el Presupuesto de Educación para 2026, lo que, según algunas fuentes, «rebalsó el vaso». El rector de la Universidad Central y presidente de la CUP, Santiago González, ha denunciado que los fondos basales se destinan «solo a las universidades estatales y a las tradicionales del Consejo de Rectores (Cruch), haciendo caso omiso de que en nuestro país existen universidades privadas que acogen a más del 50% de la matrícula».
En la misma línea, Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae, lamentó que, al analizar el presupuesto, «se evidencia nuevamente el sesgo en contra de las instituciones privadas».
Uno de los principales argumentos de la ofensiva se centra en los nuevos aranceles regulados, que determinan las transferencias que hace el Estado por cada alumno con beneficio de gratuidad. Las instituciones privadas aseguran que estos nuevos guarismos implican aproximadamente $26 mil millones de pesos menos de ingresos anuales para ellas, mientras que benefician a cierto tipo de universidades. Específicamente, el análisis de las privadas apunta a que los nuevos aranceles cubren más del 100% del costo para las universidades tradicionales del Cruch, pero solo llegan a cerca del 93% para las privadas fuera del Consejo.
«Cabe preguntarse si la autoridad realmente persigue la mejora del sistema o si más bien busca afectar a las universidades privadas, generando una discriminación arbitraria hacia ellas y sus estudiantes”, sostuvo el rector Vargas.
VIOLACIÓN A LA DIVERSIDAD DEL SISTEMA
Las instituciones que presentarán el escrito argumentan que la actual política no respeta el principio de diversidad de proyectos educativos que establece la Ley 21.091 sobre educación superior, considerando que las 26 universidades privadas vigentes representan casi la mitad del total.
Además, como ejemplo del presunto favorecimiento estatal a otros tipos de instituciones, las universidades privadas han puesto sobre la mesa el «activo rol del Ejecutivo» en la compra del Instituto Arcos por parte de la estatal Universidad de Santiago, a la que se le aprobó una garantía estatal de más de 32 mil millones de pesos.
La presentación ante el TDLC, que hoy es presidido por Nicolás Rojas, sumará un nuevo capítulo al historial reciente de enfrentamientos entre las instituciones de educación superior privadas y el gobierno. (NP-Gemini-La Tercera)
