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Por Álvaro Ramis
El sistema creado para profesionalizar el Estado chileno está siendo infiltrado por operadores políticos disfrazados de expertos. El caso del influencer republicano Cristián Valenzuela revela una tendencia peligrosa: el reemplazo del mérito por la militancia.
El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) nació con una misión clara: sacar la política chica de la administración del Estado. Desde su creación en 2003, su promesa fue simple y ambiciosa: que los altos cargos públicos se asignaran por competencia, no por lealtad partidaria.
Durante dos décadas, el SADP fue una rareza en el paisaje institucional chileno: un espacio donde el mérito técnico primaba sobre el cuoteo político. Pero en los últimos meses, esa muralla parece haberse resquebrajado.
Recientes antecedentes revelan que connotados activistas del Partido Republicano —entre ellos el influencer Cristián Valenzuela— han sido incorporados en instancias del propio SADP encargadas de evaluar trayectorias profesionales con imparcialidad. Es decir, los mismos que deberían garantizar la neutralidad son hoy representantes de la trinchera partidaria.
La meritocracia tuitera
La designación de figuras sin trayectoria administrativa ni calificaciones relevantes muestra un fenómeno nuevo: la meritocracia tuitera. En lugar de experiencia o formación, se valoran la visibilidad en redes y la fidelidad ideológica.
Lo grave no es solo la presencia de estos personajes, sino la señal que se envía: la neutralidad del Estado ya no se considera un valor, sino un obstáculo. El SADP, que debía blindar al Estado de la captura política, parece estar siendo colonizado desde dentro.
Nombrar a un operador político en una comisión que debe velar por la apoliticidad del sistema equivale a poner a un pirómano a cargo de los bomberos.
Cuando el Estado se vuelve botín
La politización del SADP no es una anécdota: es una operación estratégica de captura institucional. Si los mecanismos de evaluación y control pierden independencia, el mérito se convierte en una formalidad vacía. El Estado se transforma nuevamente en un botín que se reparte entre los ganadores de turno.
Y cuando eso ocurre, no solo se pierden eficiencia y profesionalismo. Se destruye algo más profundo: la confianza ciudadana en que lo público puede gestionarse con decencia.
Los países que han logrado preservar un servicio civil profesional —como Canadá o Nueva Zelanda— muestran una correlación directa entre burocracia meritocrática y calidad democrática. Donde los nombramientos se subordinan a la lealtad política, las políticas públicas se vuelven erráticas y la administración se degrada en clientelismo.
Una advertencia silenciosa
La erosión del SADP no ocurrirá de un día para otro. Será un proceso silencioso: profesionales capaces que optan por no postular, evaluaciones sesgadas, decisiones opacas. Hasta que un día descubramos que ya no quedan expertos, solo operadores con mejores títulos.
El riesgo no es solo técnico, sino moral. Si los principios de mérito y probidad se reemplazan por la obediencia partidaria, el Estado deja de ser un servicio y se convierte en un aparato de propaganda.
Defender el mérito, defender la república
Proteger el SADP es proteger la idea misma de Estado profesional. No se trata de un lujo tecnocrático, sino de un pilar democrático. Un país que renuncia al mérito en la gestión pública termina gobernado por fanáticos o improvisados.
El SADP fue pensado para servir al país, no a los partidos. Permitir su captura es aceptar que la administración pública vuelva a ser un botín. Y una república sin mérito termina siendo, inevitablemente, una caricatura de sí misma.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano
Santiago de Chile, 14 de octubre 2025
Crónica Digital
