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Jaime Mulet ha señalado que es habitual que los poderosos de siempre reacción en forma desmedida contra proyectos legislativos que benefician a las personas y familias. El diputado de la Federación Regionalista Verde (FREVS) ha indicado que ocurrió con el proyecto que presentó para el primer retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP en la pandemia y a lo largo de los años con su búsqueda de establecer un Royalty Minero.
Lo cierto es que en todos esos casos, los poderosos reaccionaron pronosticando crisis al nivel de un apocalipsis si esas iniciativas prosperaban. No pasó nada de aquello, por cierto.
Es lo que pareciera estar ocurriendo ahora, a propósito del avance legislativo del proyecto que elimina las multas por circular sin Tag en autopistas concesionadas, iniciativa que ha sido patrocinada por Mulet y que aprobada este lunes en general por la Sala de la Cámara de Diputados con 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones. Al haber sido objeto de indicaciones, el proyecto volvió a la Comisión de Obras Públicas.
Tras la votación, Mulet precisó: “Se tiene que pagar, pero pagar lo justo. Estamos pidiendo que se eliminen las multas, que son desproporcionadas y altísimas”.
Así, El Mercurio On Line (EMOL) ha publicado una crónica titulada: “El severo diagnóstico ante avance del proyecto que elimina multas por no uso de Tag”. Obviamente, ese “severo diagnóstico” es de las concesionarias, industria a la que no parecen suficientes las enormes ganancias que han obtenido.
Así, reproduce declaraciones de la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Gloria Hutt, respecto de la cual se omite ejerció como Ministra de Transportes y Telecomunicaciones del segundo Gobierno de Sebastián Piñera y que previamente fue Subsecretaria de Transportes en la primera administración de Piñera.
Hutt dijo que la eventual aprobación del proyecto sería “profundamente dañina para la sostenibilidad de largo plazo de la industria”. A su juicio, el impacto no se limitaría a los contratos actuales, sino a los futuros: “Afecta no solo los contratos actuales que tienen reglas establecidas, que incluyen la vigencia de la infracción de tránsito; también a nuevos contratos, donde las bases también especifican la vigencia de esa condición”.
Indicó que en proceso legislativo que aún falta, hay margen para “profundizar la discusión, midiendo debidamente el impacto grave que genera para el desarrollo potencial de infraestructura en el país”.
La exministra y exsubsecretaria de Obras Públicas en las administraciones de la derecha y hoy socia de Bofill Escobar Silva Abogados, Loreto Silva, afirmó que el avance del proyecto “me preocupa enormemente”. A su juicio, si la iniciativa se convierte en ley “afectará significativa y negativamente la disponibilidad de pago de los usuarios, lo cual conlleva un mayor riesgo para los inversionistas”. Silva también comentó que “cada vez que se introduce más riesgo al sistema, este se valora e integra a las ofertas, lo cual al final termina afectando a los usuarios y, en especial, a aquellos que sí pagan la tarifa”.
Así, anticipa un encarecimiento de las obras concesionadas. Uno de los juicios más duros vino de Leonardo Daneri, expresidente de COPSA, quien calificó la iniciativa como “un desastre para el sistema de concesiones, una catástrofe peor que los retiros de las AFP”. Señaló que si el proyecto prospera, podrían caerse las relicitaciones de concesiones y abrirse paso a “juicios gigantescos para el Estado”.
Santiago, 27 de noviembre de 2025.
Crónica Digital.
