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Tras dos semanas de receso, el Congreso retomó sus funciones con una agenda marcada por la polémica moción que busca otorgar cumplimiento alternativo de penas a condenados mayores de 80 años que padezcan enfermedades crónicas o terminales. El proyecto, que entra a tabla este martes en el Senado, ha generado un profundo rechazo en el oficialismo, desde donde denuncian que la medida permitiría la salida de reos condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Por su parte, los impulsores de la iniciativa defienden su carácter humanitario y general, asegurando que no está diseñada para un grupo específico de internos.
QUÓRUM CALIFICADO Y ESTRATEGIAS LEGISLATIVAS EN DISPUTA
Debido a que la propuesta contiene normas de rango orgánico constitucional, su aprobación requiere de una mayoría absoluta de 26 votos. Aunque técnicamente la oposición contaría con los respaldos necesarios para alcanzar dicho quórum calificado, el sector detractor evalúa herramientas reglamentarias para frenar el avance. Entre las opciones se baraja la solicitud de una segunda discusión o el aplazamiento de la votación, maniobras que obligarían a reponer el proyecto en una sesión futura, evitando que se resuelva en la jornada de hoy.
RIESGOS DE ARCHIVO Y EFECTOS EN LA AGENDA PENITENCIARIA
La urgencia de la votación radica en que, de ser rechazada la iniciativa en esta instancia, el proyecto quedaría archivado por el plazo de un año, impidiendo cualquier debate legislativo sobre la materia durante ese periodo. Este escenario añade presión a las bancadas de oposición, que buscan consolidar los apoyos antes de que las fuerzas de gobierno logren dilatar el proceso. El resultado de este primer gran debate del año se considera clave para medir la temperatura política y las capacidades de acuerdo en la Cámara Alta frente a temas de alta sensibilidad pública. (NP-Gemini-Emol)
