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Con un respaldo transversal de 37 votos a favor en su articulado principal, el Senado aprobó y despachó a su segundo trámite legislativo la reforma política impulsada por el Gobierno. El proyecto, liderado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, busca fortalecer la gobernabilidad mediante el control de la fragmentación partidaria y el fortalecimiento de las jefaturas de bancada.
La iniciativa eleva a rango legal a los comités parlamentarios, otorgando facultades a los jefes de bancada para determinar la distribución en comisiones y coordinar la disciplina interna, lo que en la práctica permite sancionar a los parlamentarios «díscolos». Además, se prohíbe el traspaso de financiamiento público a colectividades que incorporen a legisladores que hayan renunciado a sus partidos de origen.
ENDURECIMIENTO DE REQUISITOS PARA PARTIDOS
El texto aprobado impone barreras de entrada significativamente más altas para la formación y mantención de colectividades políticas:
Fin de partidos regionalistas: Se elimina la opción de constituirse con solo tres regiones contiguas; el nuevo mínimo será de 8 regiones.
Aumento de afiliados: La exigencia para crear un partido sube del 0,25% de los votantes al 0,5% del padrón electoral definitivo, lo que cuadriplica las firmas necesarias.
Candidaturas independientes: Se incrementan los patrocinios requeridos, obligando a los aspirantes presidenciales independientes a reunir firmas en todo el territorio nacional.
LA «VALLA» DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Pese al avance, la reforma enfrenta un escenario complejo en la Cámara de Diputados, donde permanecen congeladas otras iniciativas complementarias, como la reforma constitucional que establece la cesación del cargo para quienes renuncien a sus partidos y el umbral del 5% de votos para acceder al Congreso.
Varios senadores, incluidos Iván Moreira (UDI) y Alfonso de Urresti (PS), hicieron un llamado al Ejecutivo para poner urgencia a ambos proyectos y tramitarlos de forma conjunta. El desafío es contra el reloj: los partidos tradicionales buscan despachar la ley antes del 11 de marzo, para evitar que la discusión quede en manos de los 85 nuevos diputados que asumirán en el próximo periodo legislativo. (NP-Gemini-La Tercera)
