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En un trámite caracterizado por la ausencia de actos públicos, el Ejecutivo ingresó al Senado el proyecto de ley que establece el reconocimiento y reparación para las víctimas de la violencia en el contexto del conflicto territorial e intercultural en la zona sur del país. La iniciativa abarca las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y surge como respuesta a una de las propuestas centrales de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
A diferencia de otros hitos legislativos de la actual administración, el proyecto no contó con ceremonias en La Moneda ni actividades en el Congreso, dándose cuenta de su ingreso de manera discreta durante la sesión de sala del pasado martes. El texto busca crear un marco institucional para la calificación de quienes han sufrido los efectos de la violencia rural en la Macrozona Sur.
OMISIÓN DE INDEMNIZACIONES GENERA CONTROVERSIA
El punto de mayor fricción radica en la discrepancia entre el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y el articulado presentado por el Gobierno. Mientras que el organismo asesor —de carácter transversal— recomendó explícitamente la indemnización a las víctimas como un principio rector y un mecanismo de reparación material, el proyecto de ley omitió dicha figura.
Esta exclusión ha despertado críticas inmediatas, ya que la indemnización se consideraba una pieza clave para el cierre de heridas en los territorios afectados. La propuesta gubernamental se centra principalmente en el reconocimiento y otras formas de asistencia, pero al no incluir el componente compensatorio monetario directo contemplado en el anexo del informe original, se anticipa un complejo debate legislativo en el Senado. (NP-Gemini-Emol)
