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En una maniobra que ha encendido las alarmas en el sector empresarial y legal dado que advierten un posible «amarre» de perfiles activistas en organismos que definen el futuro de las inversiones, el Ejecutivo decidió enviar al Senado las propuestas para llenar vacantes en los Tribunales Ambientales, algunas de las cuales se arrastraban por cinco años.
La decisión, tomada a solo una semana de finalizar la actual administración, busca ratificar a nombres con una marcada trayectoria en el activismo constitucional y ambientalista. Expertos advierten que este movimiento busca condicionar la gestión del Presidente electo, José Antonio Kast, cuya agenda se centra precisamente en reducir la «permisología» y la judicialización de proyectos.
Entre los nominados destacan figuras como Andrés Bordalí y Alejandra Figueroa, quienes han defendido públicamente conceptos como los «derechos de la naturaleza» y el fin del orden económico actual. Estas designaciones, que duran seis años, son vistas como un intento de «amarre» institucional que podría bloquear proyectos estratégicos de inversión mediante criterios judiciales más rígidos. La controversia se suma a otros nombramientos fallidos y cláusulas de protección a funcionarios que han tensionado la transición política en las últimas semanas. (NP-Gemini-Ex Ante)
