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La formalización contra la exmagistrada de la Corte Suprema Ángela Vivanco continúa su desarrollo. Por orden del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, fue capturada la víspera y es formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos.
La antigua ministra del máximo tribunal está vinculada con los ilícitos de cohecho y lavado de activos, por la presunta recepción de fuertes sumas de dinero del consorcio Belaz Movitec, a cambio de fallos favorables en un caso contra la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).
El esposo de Vivanco, Gonzalo Migueles, y dos abogados, guardan prisión desde finales de 2025 por los mismos delitos, más tráfico de influencias, en la trama conocida como “Muñeca Bielorrusa”.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), que agrupa a los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, emitió un comunicado respecto a este caso. Señaló que, si bien las acusaciones contra una ministra de la Corte Suprema confirman la grave y profunda crisis en el Poder Judicial, también representan una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana.
Victoria Escalante, presidenta de Fenadaj, dijo que el caso Vivanco es una señal clara de que en Chile existen grupos de poder que actúan desde la impunidad y el abuso de la justicia.
“Como Federación lo señalamos en diversas oportunidades: urge una revisión profunda, no sólo de las estructuras formales de los tribunales, sino también de los estándares éticos y de los mecanismos de fiscalización de jueces”, señaló Escalante.
La diputada Camila Musante, quien es querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, demandó poner fin a un sistema que corrompe la administración de justicia en Chile con pagos millonarios para favorecer a determinadas empresas.
Mientras miles de familias esperan por largo tiempo un veredicto cuando son víctimas de un homicidio o robo, “resulta que las máximas autoridades del país llevan el estandarte de la delincuencia de cuello y corbata”, aseguró la legisladora.
La diputada Musante dijo esperar que Vivanco sea la primera en ser procesada de una larga lista de involucrados en el tráfico de influencia en los órganos de justicia del país.
La magistrada fue elegida para integrar el máximo tribunal en 2018 y también ejerció un tiempo como vocera de la institución, pero en 2024 por decisión unánime la separaron del organismo por su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, acusado de corrupción y lavado de activos.
El Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó la detención de la exmagistrada como un golpe institucional muy severo para la Corte Suprema y su papel en el país. Al respecto, señaló que, con independencia de quién se trate, la detención de un exministro de la Corte Suprema es un asunto muy grave.
En sociedades polarizadas, que es en parte lo que Chile vivió durante los últimos años, este tribunal cumple un papel determinante como árbitro en esa tensión, aseguró Cordero en declaraciones a Radio Duna. Añadió que no existen registros históricos de una situación similar en la historia de esa institución.
Santiago, 27 de enero de 2026.
Crónica Digital / Prensa Latina.
