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Una fiscalización extraordinaria realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) durante 2025 reveló importantes deficiencias en la rendición de cuentas de la Administración Central del Estado. El informe señala que más de $780 millones, destinados a eventos, ceremonias y atenciones oficiales realizados en 2024, carecen de descripciones claras que permitan un escrutinio público efectivo. Según el organismo, el uso de glosas genéricas y antecedentes incompletos impide determinar si estos recursos fueron utilizados correctamente bajo el marco de las funciones institucionales.
El proceso analizó a 419 instituciones públicas, detectando que el 23% de ellas no cumple con la obligación de informar adecuadamente estos desembolsos a través de Transparencia Activa. De los $3.428 millones reportados globalmente por concepto de representación y protocolo, casi una cuarta parte presenta irregularidades informativas. Entre los ítems más recurrentes en el gasto total destacan la producción de eventos (36%), servicios de banquetería y coffee break (16%), y el arriendo de equipos audiovisuales (10%).
FALENCIAS EN PRESIDENCIA Y CANCILLERÍA
El informe identifica a la Presidencia de la República y a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores como las reparticiones con mayores montos sin actividad asociada clara. En el caso de Presidencia, se registraron pagos bajo conceptos como «arriendo de sillas» o «microfonía» sin especificar el contexto del evento. Por su parte, en Cancillería se detectaron gastos en «arreglos florales» o «abarrotes para gabinete» sin precisar la actividad oficial que justificara dicha inversión, dificultando el control sobre el buen uso de los fondos fiscales.
Ante estos hallazgos, el CPLT anunció que oficiará a los organismos infractores y remitirá los antecedentes a la Contraloría General de la República y a las comisiones de Hacienda del Congreso. La presidenta del consejo, Natalia González, enfatizó que la transparencia en la ejecución presupuestaria no es opcional y que la información parcial no cumple con el estándar legal. El objetivo de estas acciones es asegurar que los gastos excepcionales de representación estén plenamente justificados y a disposición de la ciudadanía para su fiscalización. (NP-Gemini-Emol)
