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La directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazó tajantemente las acusaciones de «mezquindad» lanzadas por el Ejecutivo tras la paralización del proyecto «Sala Cuna para Chile» en el Senado. El senador Gustavo Sanhueza, presidente de la comisión de Educación, defendió su gestión asegurando que el problema radica en una falta de responsabilidad política del Gobierno, el cual habría llegado tarde con definiciones clave para una iniciativa de alto impacto fiscal. Según el parlamentario, la administración de Gabriel Boric no proporcionó reglas claras ni estudios financieros responsables antes de intentar forzar la votación.
Desde el gremialismo apuntaron además a una presunta descoordinación interna en el gabinete, señalando que las conversaciones con la Segpres no coincidían con las acciones de los ministerios sectoriales. Sanhueza desestimó que la ausencia de una reunión sea el motivo real del estancamiento, atribuyéndolo a una deficiencia estructural en el diseño del proyecto tras cuatro años de mandato. En esta línea, la colectividad insistió en que no permitirán el avance de una normativa que, a su juicio, presenta vacíos técnicos que comprometen su viabilidad futura.
POSTURA DEL TIMONEL DE LA UDI
El presidente del partido, Guillermo Ramírez, reforzó la postura opositora al afirmar que el proyecto original «perjudicaba a las mujeres» y restaba competitividad a las empresas debido a su falta de financiamiento real. Ramírez sostuvo que la oposición planteó correcciones durante todo el periodo legislativo, pero que el Gobierno fue incapaz de presentar las indicaciones necesarias oportunamente. Para el timonel de la UDI, el intento de aprobación a última hora responde a una maniobra política para eludir responsabilidades ante la opinión pública.
Finalmente, la colectividad proyectó que la iniciativa verá la luz recién bajo la próxima administración. Ramírez fue enfático al señalar que el proyecto de Sala Cuna será corregido y despachado durante el gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, asegurando que bajo ese mandato contará con el rigor técnico y financiero que hoy le restan. Con esto, la UDI cierra la puerta a un acuerdo inmediato, trasladando la resolución del conflicto al cambio de mando programado para el 11 de marzo.
