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El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, justificó hoy su voto en contra de la llamada “ley de permisiología”, advirtiendo sus disposiciones contrarias a la preservación del Medio Ambiente y al desarrollo sustentable.
“Tal como nos habíamos comprometido con las organizaciones ambientales, votamos en contra (en la Cámara de Diputados) de las disposiciones de este proyecto que venía del Senado, llamado sobre permisiología, que tiene una serie de aspectos cuestionables desde el punto de vista ambiental”, explicó.
Añadió: “Nuestro partido, que es una fuerza política regionalista y verde se cuadre en esta materia con las organizaciones ambientales y con lo que nosotros creemos” en el ámbito de la sustentabilidad.
“Creo que es lo mejor para el país, en materia de protección del medio ambiente, de recuperación y remediación de los daños inferidos al medio ambiente, y aminorar los graves efectos del cambio climático”, concluyó.
Después de más de un año de tramitación, el Congreso aprobó y despachó a ley el proyecto que modifica la entrega de permisos sectoriales, una de las iniciativas que busca destrabar la “permisología” para agilizar la inversión privada. La iniciativa fue votada este martes en la Cámara de Diputados, en su tercer trámite constitucional.
Por su parte, el Ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió la iniciativa y sostuvo que “este proyecto va a permitir reducir los tiempos de manera sustantiva, permitiendo una reducción de entre un 30% y un 70% en los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales, es decir, los permisos no ambientales, y haremos todo esto sin reducir el estándar regulatorio”.
“Creemos que se puede ser más eficiente, actuar de forma más rápida como Estado, al mismo tiempo en que no se rebaja el estándar regulatorio (…) nosotros siempre dijimos que era posible mejorar los tiempos, era posible avanzar de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios, y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día y por eso estamos muy contentos”, añadió.
Las organizaciones ecologistas y ambientalistas han cuestionado duramente la iniciativa, puesto que, a su juicio, pretende reducir los mecanismos de protección al medio ambiente y de las comunidades, avanzando en la desregulación que beneficia el capital privado por encima del imperativo de la sustentabilidad.
Santiago, 1 de julio de 2025.
Crónica Digital.
