admin
LA COMPASIÓN SELECTIVA: EL SENADO CHILENO ABRE LA PUERTA A LA IMPUNIDAD, LA CORPORACIÓN SOLIDARIA UTE USACH MANIFIESTA SU MAS PROFUNDO RECHAZO
El Senado chileno ha aprobado una ley que permite a reos mayores de 70 años con enfermedades terminales cumplir sus condenas fuera de prisión. En apariencia, se trata de una medida humanitaria. En la práctica, el debate que se abre es mucho más profundo y perturbador: ¿puede una democracia invocar la compasión para liberar a quienes cometieron los crímenes más brutales contra su propio pueblo?
Porque no estamos hablando solo de delincuentes comunes. Entre los potenciales beneficiados se encuentran responsables de torturas, ejecuciones y desapariciones cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, operadas por aparatos represivos como la Dirección de Inteligencia Nacional y la Central Nacional de Informaciones.
Crímenes que el derecho internacional define como crímenes de lesa humanidad: delitos tan graves que no prescriben y cuya sanción debería ser efectiva precisamente para impedir que la historia vuelva a repetirse. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué significa realmente esta ley?
Significa, en primer lugar, que el Estado chileno vuelve a colocarse en una zona moral peligrosa. Durante décadas, el país construyó un frágil consenso en torno a la idea de memoria, verdad y justicia. No fue un proceso perfecto. Muchos responsables nunca fueron condenados. Otros murieron sin enfrentar a los tribunales. Pero al menos se estableció un principio: los crímenes contra la humanidad no podían quedar impunes. Hoy ese principio comienza a erosionarse.
Se argumenta que la ley responde a razones humanitarias. Pero la humanidad invocada por el poder político llega con medio siglo de retraso. No llegó a los centros de detención clandestinos. No llegó a las salas de tortura. No ha llegado a las familias que todavía buscan a sus detenidos desaparecidos. La compasión tardía del Estado parece reservada, una vez más, para quienes ejercieron la violencia desde el poder.
Esto abre otro problema aún más inquietante: la desigualdad estructural de la justicia. En Chile, miles de presos comunes envejecen y mueren en cárceles hacinadas sin que el sistema penal muestre la misma sensibilidad humanitaria. Pero cuando se trata de criminales con redes políticas, militares o económicas, la discusión sobre la dignidad y la compasión aparece súbitamente en el centro del debate.
Así se construye la percepción de que en el país existen dos sistemas de justicia: uno implacable para los débiles y otro indulgente para quienes ejercieron el poder.
Pero el problema no es solo jurídico. Es profundamente político.
Cuando una democracia comienza a relativizar la sanción de los crímenes más graves, envía una señal peligrosa: que el paso del tiempo puede diluir la responsabilidad histórica. Que basta con envejecer para escapar al peso de la justicia. Que incluso los delitos más atroces pueden terminar negociándose en el terreno de la compasión. Ese precedente es devastador.
Porque las democracias no se sostienen solo en elecciones o instituciones formales. Se sostienen, sobre todo, en la certeza moral de que ciertos límites no pueden cruzarse jamás. La tortura, la desaparición forzada y el asesinato político pertenecen precisamente a esa categoría.
Si la sociedad chilena acepta que quienes cometieron esos crímenes abandonen la cárcel bajo el argumento de la edad o la enfermedad, lo que se erosiona no es solo una condena judicial. Lo que se erosiona es el pacto ético que sostiene a la democracia.
La historia latinoamericana está llena de transiciones que intentaron cerrar sus heridas con amnistías, perdones o silencios. En la mayoría de los casos, esas decisiones no trajeron reconciliación. Trajeron memoria reprimida, frustración social y desconfianza en las instituciones. Chile parecía haber aprendido esa lección.
Hoy, sin embargo, el país vuelve a mirar de frente una vieja tentación: la tentación de la impunidad disfrazada de humanidad.
Porque la compasión es una virtud noble. Pero cuando se aplica selectivamente —y sobre todo cuando beneficia a quienes ejercieron la violencia del Estado, deja de ser un gesto humanitario. Se convierte, simplemente, en una forma elegante de impunidad.
Delitos que podrían quedar beneficiados
Según análisis que circuló en el debate legislativo, el proyecto podía beneficiar a más de 700 condenados, incluyendo delitos graves como:
- 66 condenados por violación a menores
- 137 por abuso sexual a menores ( el padre del senador UDI honorable Macaya, entre otros )
- 139 por homicidio
- 145 por secuestro
- 76 por narcotráfico
- 28 por tortura
Como votaron los “honorables “
23 votos a favor
22 votos en contra
Con eso el Senado aprobó el proyecto en general, por solo un voto de diferencia.
Pero aquí está el punto clave: No es todavía una ley vigente.
En Chile las leyes pasan por varios pasos:
- Aprobación en general (solo la idea de legislar)
- Discusión en particular (artículo por artículo)
- Paso por la Cámara de Diputados o comisión mixta
- Promulgación del Presidente
- Publicación en el Diario Oficial
Todavía faltan varios de esos pasos. Debemos denunciar hasta no permitir que esta les se apruebe.
Conclusión
Sí: el Senado aprobó la idea del proyecto ahora en 2026.
No: todavía no es ley ni libera a nadie todavía.
El proyecto sigue en trámite y puede cambiar o incluso caerse más adelante.
Entre los senadores que respaldaron el proyecto se encuentran:
- Francisco Chahuán
- Luz Ebensperger
- Luciano Cruz-Coke
- Alejandro Kusanovic
- Carlos Kuschel
Ellos fueron además los autores del proyecto que busca permitir que algunos condenados cumplan la pena en su domicilio por edad avanzada o enfermedad grave.
Durante el debate hubo críticas porque algunos parlamentarios no emitieron voto o se ausentaron de la sala, lo que pudo cambiar el resultado.
Uno de los casos mencionados en la discusión fue el del senador: Karim Bianchi, quien fue acusado de no participar en el voto para rechazar el proyecto, lo que habría influido en el resultado final.
Estos son nuestros “honorables senadores “
CORPORACION SOLIDARIA UTE-USACH
Santiago de Chile, 7 de marzo 2026
Crónica Digital
