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Semanas antes del término de la administración del expresidente Gabriel Boric, el Ministerio del Interior oficializó la revocación del beneficio otorgado a Juan Francisco Villalobos Prado. El ex pensionado, quien figuraba como supuesta víctima de abusos policiales durante las movilizaciones de 2019, alcanzó a percibir un monto total de $21.907.724 antes de que el Estado dejara sin efecto el decreto presidencial tras detectar inconsistencias graves en su relato.
La resolución se fundamentó en informes médicos que contradicen la versión original de apremios físicos, indicando que, al momento de su detención en noviembre de 2019, Villalobos ingresó a un centro asistencial bajo los efectos del alcohol y sin lesiones corporales compatibles con tortura. El documento gubernamental responsabilizó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por la acreditación inicial del sujeto, organismo que ya se había desistido de la causa judicial un año antes debido a la falta de interés y comparecencia del denunciante.
El caso ha generado duras críticas desde sectores parlamentarios, donde se cuestiona la demora en la anulación del beneficio pese a que los antecedentes penales del individuo —quien contaba con órdenes de detención por estafa y condenas previas por hurto— eran de público conocimiento. Esta revocación se suma a otras 33 medidas similares adoptadas por el Ejecutivo saliente en un esfuerzo por regularizar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto de la crisis social de 2019. (NP-Gemini-Ex Ante)
