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Por su interés, reproducimos la siguiente declaración de la Federación Regionalista Verde Social frente a la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirar de la Contraloría 43 decretos sobre materias ambientales.
La Federación Regionalista Verde Social es un partido político vigente, cuyo principio rector es avanzar hacia un desarrollo sustentable, lo que implica un progreso económico en equilibrio con el fomento y la protección de la diversidad natural y cultural de cada una de las regiones de Chile, promoviendo la equidad territorial, intergeneracional e intercultural. Para lograr este objetivo es fundamental el fortalecimiento de la democracia, junto con el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en las leyes de la República.
1. En este sentido, vemos con preocupación la acción realizada al día siguiente del comienzo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que a través del Subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, envió un oficio a la Contraloría General de la República en el que retiró 43 decretos supremos que la Administración del expresidente Gabriel Boric había ingresado entre 2023 y 2026 para el trámite de toma de razón, los que abordan diversas materias medioambientales.
Varios de estos decretos responden a procesos mandatados por ley, que duran años y que obligan a la participación ciudadana. Luego de un trabajo extenso, en donde participan no solo diversos equipos técnicos especializados, sino que diversas instituciones del Estado, organizaciones ciudadanas y personas interesadas en proteger el medio ambiente, se logra una versión de decreto que es ingresado a la Contraloría, la cual además puede tomar un tiempo en revisar y tomar razón. Así ocurre, por ejemplo, con el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica y el Plan de Descontaminación del Aire de Puerto Aysén, ambos resultados de procesos largos, complejos y profundamente participativos.
2. Chile tiene una economía abierta al mundo y ha firmado diversos tratados internacionales comerciales con países desarrollados, cuyos acuerdos tienen altos estándares y exigencias en materia medioambiental. Por ello, la reconocida consultora estadounidense Bloomberg caracterizó la decisión del Gobierno como una “medida drástica que amenaza con dañar la reputación ecológica de la nación latinoamericana en un momento en que busca impulsar la inversión”.
Lo mismo ocurre con organismos internacionales que otorgan créditos, de los cuales Chile depende, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tienen exigentes requerimientos ambientales en los países en que operan.
A ello se suman tratados y pactos internacionales orientados a la protección del medio ambiente, los cuales tienen rango constitucional según el Artículo 5° inciso primero de la Constitución Política. Ellos obligan al Estado de Chile a la protección de la naturaleza y la salud de la población. En este sentido, varios de los decretos retirados por el actual gobierno tienen efectos reales en la salud de población, como las normas de emisión y los planes de descontaminación del aire y del agua.
Nos parece de la mayor gravedad detener el avance de estos instrumentos que apuntan a disminuir la contaminación ambiental y mejorar la salud de las personas, en contradicción con lo dispuesto por la Constitución en el Artículo 19 N° 8.
3. La naturaleza es el motor del desarrollo económico local a través del turismo sustentable. Chile se ha convertido en uno de los principales destinos internacionales por sus paisajes naturales, parques y reservas nacionales, aguas limpias, alimentación sana, gran diversidad cultural y patrimonial. El retiro de decretos que debilitan y evitan el avance del recién creado Sistema Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, no solamente retrasa y perjudica la efectividad en la conservación de la naturaleza, sino que también es un grave atentado al desarrollo y fortalecimiento del turismo sustentable, actividad económica que promueve la equidad territorial y el involucramiento de diversos actores en una compleja cadena comercial, de la que muchas familias chilenas se ven beneficiadas, principalmente en las zonas rurales, insulares y en los extremos norte y sur de nuestro país.
4. Solicitamos al Gobierno que aplique el principio de no regresión, concordante con el derecho internacional, que implica que, una vez alcanzado un nivel de protección ambiental, el Estado no debe retroceder a menos que haya una justificación excepcional y proporcional.
5. La Federación Regionalista Verde Social nació para representar en el ámbito de la política, la perspectiva de un Chile descentralizado y sustentable. En este caso, nos mantendremos atentos y con la disposición de recurrir a los caminos legítimos y propios de la democracia para que en materia ambiental no haya ni un solo paso atrás y continuemos en el camino del horizonte de un país verde y participativo por el que trabajamos cada día.
En esa misma línea no descartamos, si ello fuera necesario, tomar las medidas legales que correspondan, con el fin de resguardar los principios de no regresión ambiental, en forma preventiva y precautoria, pilares fundamentales para asegurar que las políticas públicas del país sigan protegiendo la salud de las personas, los ecosistemas, la biodiversidad y el futuro de nuestras comunidades.
FEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE SOCIAL
Santiago, 21 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
