Según un informe publicado en la página de la Dirección de Trabajo, solo entre agosto y diciembre de 2024 se registraron en el país 21 mil 864 denuncias bajo esa normativa y el 67,8 por ciento de ellas la realizaron mujeres.
Mientras, la Mutual de Seguridad recibió unos 10 mil 500 requerimientos de atención psicológica temprana, 81 por ciento por hostigamiento, 11,5 por hechos de violencia física o verbal y 5,4 por acoso sexual.
La legislación entró en vigor el 1 de agosto del año pasado y lleva el nombre de Karin Salgado, una técnica en enfermería que sufrió maltratos y agresiones por parte de colegas y superiores, que afectaron su salud emocional y la llevaron al suicidio en 2019.
Para Aída Chacón, directora nacional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), la ley marcó un punto de inflexión en la forma en que Chile aborda estos problemas en el trabajo.
La norma no solo sanciona el acoso y la violencia, también exige a las empresas prevenir, investigar y actuar con responsabilidad, integrando un enfoque de género y resguardo de la salud mental, dijo.
De acuerdo con la funcionaria, su aplicación efectiva requirió, más que solo la normativa, instalar capacidades, protocolos operativos claros y liderazgos.
Informó que en 2024 realizaron más de cuatro mil capacitaciones y entregaron asistencia técnica a cientos de entidades empleadoras.
También pusieron en marcha el Programa de Intervención Temprana, que permitió activar la cobertura del seguro a más de 600 casos relacionados con violencia y acoso laboral y garantizar atención psicológica oportuna.
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