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Por Álvaro Ramis
En los últimos meses ha crecido, en ciertos sectores de la opinión pública chilena, la fascinación por la figura de Nayib Bukele. En encuestas, programas de televisión y redes sociales, se escucha cada vez con más frecuencia la pregunta: “¿Y si tuviéramos un Bukele en Chile?”. La idea de un liderazgo fuerte, que imponga orden y “resuelva” de manera rápida los problemas de seguridad, parece calar hondo en un clima social marcado por el temor, la frustración y la desafección con la política tradicional.
Pero ¿sabemos realmente qué implica desear un Bukele para Chile?
El presidente salvadoreño ha concentrado el poder en todos los niveles del Estado: destituyó a los magistrados de la Corte Suprema, tomó control del Ministerio Público, impuso un régimen de excepción prolongado por más de dos años, y hoy gobierna sin contrapesos reales. La promesa de seguridad se sostiene sobre una arquitectura autoritaria que ha vaciado de contenido las instituciones democráticas. La reelección presidencial, antes inconstitucional, fue allanada mediante maniobras judiciales y legislativas que solo fueron posibles por el sometimiento del sistema político al poder ejecutivo.
Desde el periodismo independiente, en especial el medio digital El Faro, se han documentado con rigor hechos alarmantes: negociaciones secretas con las principales pandillas del país, espionaje ilegal con el software Pegasus a más de 20 periodistas, uso del aparato estatal para perseguir y criminalizar a medios críticos. El resultado ha sido un silenciamiento progresivo de la prensa libre y el exilio de varios comunicadores que hoy enfrentan amenazas y procesos judiciales por hacer su trabajo.
Lo que en apariencia luce como “orden” es, en realidad, el efecto de un gobierno que ha vaciado de sustancia la democracia para concentrar el poder sin límites. La política de encarcelamiento masivo, aplaudida por muchos desde fuera, ha implicado graves violaciones a los derechos humanos, con miles de detenciones sin debido proceso y denuncias de tortura y desapariciones.
Pensar que un modelo así es aplicable en Chile es ignorar nuestra historia reciente. Es olvidar que la democracia no se reduce a la eficacia ni al control del crimen, sino que exige respeto a las libertades civiles, pluralismo, y un Estado de derecho que garantice justicia sin arbitrariedades. La tentación de soluciones autoritarias crece cuando la política no ofrece respuestas, pero ceder ante ella sería una derrota ética y cultural.
¿Queremos realmente renunciar a los principios democráticos en nombre de una promesa de seguridad? ¿Estamos dispuestos a intercambiar derechos por mano dura?
El caso Bukele no debería ser un ejemplo a seguir, sino una advertencia. Y el trabajo de medios como El Faro nos recuerda que la defensa de la democracia empieza por no callar frente al poder, aunque este se disfrace de éxito y popularidad.
Álvaro Ramis, Licenciado en Educación Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialización en teología contextual Universidad Libre de Ámsterdam. Master en cuestiones contemporáneas en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Maestría en Ciencias Sociales por Universidad ARCIS. Doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia. Libros recientes: Bienes Comunes y democracia (2017); Educación y Democracia. Formación ciudadana en la escuela de hoy (2018); Educar para la ciudadanía: Fundamentos, metodologías y desarrollo profesional docente (2019). Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano. Desde el año 2005 es parte del consejo Editorial de Crónica Digital
Santiago de Chile, 21 de agosto 2025
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