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El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, presentó el Informe Estadístico del Estallido Social, un documento de más de cien páginas que busca transparentar las cifras y la gestión judicial de la crisis de octubre de 2019, a solo un día de cumplirse seis años de su inicio. La publicación responde a una solicitud expresa de Valencia, en medio de las persistentes críticas por la falta de resultados en las causas de violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) que marcaron ese periodo.
El informe, elaborado por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional junto a la Unidad Especializada de Derechos Humanos, expone que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se registraron 32.901 casos, involucrando a 21.766 imputados y 20.727 víctimas. El sistema penal se vio «desafiado no solo por el volumen, sino también por la complejidad y gravedad de los hechos», detalla el texto, refiriéndose a una «crisis sin precedentes». El peak nacional de delitos se produjo el 20 de octubre de 2019, con 2.420 ilícitos en 24 horas.
La mayor carga del conflicto recayó en la Región Metropolitana, que concentró casi la mitad de los ingresos (46,9%), con las fiscalías Oriente y Centro Norte a la cabeza. La Fiscalía Nacional debió redirigir recursos, designar fiscales preferentes y crear equipos de DD.HH. para atender las denuncias.
El fenómeno más numeroso fue la violencia institucional, con 11.506 causas y 12.002 delitos registrados, de los cuales el 70,4% correspondió a apremios ilegítimos y un 20% a abusos contra particulares. También se consignaron 211 casos de torturas y 35 homicidios atribuidos a funcionarios públicos. Más de la mitad de estos hechos se concentró en Santiago y Providencia, siendo el eje Alameda–Providencia el punto más crítico.
Pese a la magnitud de las denuncias, el informe revela una baja resolución judicial en estos casos: el 91% de las investigaciones está concluida, pero solo el 4% terminó con una salida judicial. El 70% de las causas por violencia institucional fue archivada sin llegar a juicio. De los casos con imputados conocidos, el 14,3% culminó con condena, mientras que un 11,3% lo hizo con absolución.
Un símbolo trágico del estallido, el trauma ocular, fue detallado con 464 víctimas, de las cuales 230 sufrieron pérdida parcial o total de visión. El 84% de estas lesiones fueron causadas por proyectiles —balines o bombas lacrimógenas— disparados por agentes del Estado. Pese a la gravedad, la mayoría de estos casos también fue archivada.
El informe también documentó la otra cara de la violencia, registrando 3.293 delitos de maltrato contra agentes del Estado, principalmente Carabineros, con 37 funcionarios con lesiones gravísimas. A diferencia de las causas por violencia institucional, en este grupo el 24% de los casos obtuvo sentencias condenatorias.
Otro foco del caos fueron los delitos contra la propiedad y el orden público, con 11.143 delitos de saqueo y daños, junto con 8.000 delitos de desórdenes públicos. Las comunas de Macul, Las Condes y La Florida lideraron los robos a locales. El 78% de los imputados por saqueos eran hombres y menores de 30 años. Las cifras muestran que entre octubre y noviembre de 2019 se concentró el 72% de todos los delitos del periodo.
La georreferenciación del conflicto traza un retrato nítido: el epicentro fue la Alameda, Plaza Baquedano, Providencia y Ñuñoa, con focos de conflictividad en regiones como Valparaíso y Antofagasta. La Fiscalía reconoce falencias institucionales, como la falta de protocolos específicos para investigar violencia institucional al inicio de la crisis, lo que solo fue subsanado parcialmente con la creación de la Unidad Especializada de Derechos Humanos en 2023.
El reporte no establece responsabilidades institucionales, pero sus cifras demuestran una evidente brecha entre la magnitud del fenómeno y los resultados judiciales. De las más de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con una sentencia condenatoria, mientras que el grueso fue archivado, sobreseído o no perseverado, dejando al descubierto las heridas judiciales que persisten. (NP-Gemini-Bio Bio Fiscalía)
EL INFORME COMPLETO
