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Es engañoso formarse una opinión basada en segundos de “la franja” o en la imagen de los candidatos en los debates, sin considerar sus programas. La idea de un Kayser Barents–Von Hohenhagen práctico y directo, o de un Katz Rist menos extremo, desaparecen al revisarlos.
Más que programas, sus extensos textos son proclamas ideológicas que excluyen a amplios sectores políticos que consideran parte de una conspiración internacional. Su narrativa de mano dura confunde deliberadamente defensa nacional, seguridad pública, delito, crimen organizado, protesta social y terrorismo. La siguiente transcripción hace evidente sus consecuencias.
Una visión ideológica extrema
El programa de Katz Ritz (PKR) afirma que “la izquierda tiene un programa para destruir todo lo establecido y oprimir las libertades de forma permanente. Y otros programas comparten con la izquierda un supuesto progreso de Chile que se construye a partir de la destrucción de valores sociales fundamentales” (PKR, pg.17). Asimismo, sostiene que la izquierda habría abandonado el principio del estado de derecho producto de la “sumisión de nuestra soberanía territorial y jurídica a países y otras entidades internacionales” (Medida 3 PKR).
En la misma línea, Kayser Barents–Von Hohenhagen (PBV) postula que “la acción de agentes extranjeros vinculados a la política de otros países se encuentra en permanente acción en contra de los intereses nacionales”. Por eso, en materia de seguridad (¿?), se trataría de “evitar que actores políticos nacionales busquen alianzas transnacionales con el objeto de aumentar sus probabilidades de llegar al poder en Chile” (Medida 74 PKR).
Asimismo, se denuncia que “hay proliferación de funcionarios no electos que se inmiscuyen permanentemente en los asuntos internos de Chile, en alianza con otras entidades no gubernamentales, chilenas y extranjeras, que han creado su propia agenda de control político, económico y cultural” (Medida 75 PKR). A su vez, “el tratamiento de los Derechos Humanos; la inmigración; la política laboral; la política indígena (se habrían convertido en) agendas de movimientos transnacionales ideologizados y de sus aliados antidemocráticos locales, orientados a hacerse ilegítimamente del poder”, convirtiéndose en una “amenaza a la independencia nacional” (Medida 80 PKR).
Todo lo dicho no sería tan grave si sólo se tratara de retórica electoral. Pero las medidas que acompañan estas ideas muestran con claridad el tipo de sociedad que buscan establecer. Entre ellas:
–“Registro y Empadronamiento de Manifestantes y Protestantes violentos, para que los agresores recurrentes sean identificados públicamente y se facilite su condena en caso de reiteración de hechos graves y su exclusión de zonas donde podrían generarse protestas” (Medida 817 PKR).
–“Sanción Civil para padres de menores involucrados en desórdenes públicos que permita ampliar la responsabilidad de los participantes a su familia” (Medida 816 PKR).
–Las ONGS “deberán someterse a un sistema eficaz de fiscalización de su actuar por medio del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia” (Medida 133 PKR).
–Kayser Barents–Von Hohenhagen se propone proscribir al Partido Comunista, sosteniendo que “no puede tener personalidad jurídica. No puede existir como partido político” (expresiones en “De Frente” el 3 de julio de 2025).
–“Coordinación Internacional Anti–Radicales de Izquierda. Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados” (Medida 33 PKR).
Camino a militarizar la vida nacional con impunidad
Prácticamente todos los programas reconocen la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en estados de emergencia actuales. Pero ambos candidatos van más lejos.
Proponen establecer el estado de sitio, como si se tratara de un conflicto armado, facultando a “interceptar, abrir o registrar documentos, toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles” (Medida 46 PKR), sujeto a renovación por el Congreso. Por su parte, para resolver el conflicto en Arauco y Malleco, Kayser Barents–Von Hohenhagen propone “una ocupación efectiva… con eficacia y contundencia” de las Fuerzas Armadas, estableciendo el estado de sitio bajo la decisión del Consejo de Seguridad Nacional (pág.72 PBV).
Ambos programas no sólo refuerzan el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad y orden púbico (como la Medidas 120 PKR y 72 PBV), sino que proponen aumentar el Servicio Militar Obligatorio y, además, duplicar los efectivos de las Fuerzas Armadas con un “cuerpo de reservistas entrenados” y adscritos a unidades militares (Medidas 104, 105, 119 y 120 PKR).
Adicionalmente, se sostiene que la policía y las Fuerzas Armadas “deben estar facultados para hacer un uso de la fuerza necesaria en el orden público” al margen de la proporcionalidad y no deberían “ser juzgados por haber hecho un uso excesivo de ella” (Medidas 19 y 52 PKR).
Para facilitar este proceso sin contrapesos, Kayser Barents–Von Hohenhagen propone devolver las policías al Ministerio de Defensa. Por su parte, Katz Ritz asegura la clausura del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos (Medida 30 PKR), abandonar el Convenio N° 169 de la OIT (Medida 158 PKR) y retirar a Chile del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Medida 83 PKR).
Hacia donde vamos
Si bien estas medidas aprovechan la preocupación pública por el crimen organizado y el delito, más que tratarse de eso, vistas en su conjunto, conducirían en una sola dirección: a un régimen autoritario excluyente, basado en el ejercicio de la fuerza con total impunidad, utilizando las instituciones policiales y militares ampliadas con civiles radicalizados.
La dirección que tome Chile dependerá de la decisión de cada ciudadano este próximo 16 de noviembre. Entretanto una cosa es segura: poco se trata de seguridad pública y mucho del viejo y conocido producto de régimen autoritario, ahora en su nuevo envase.
Por Raúl Martínez. El autor es Cientista Social.
Santiago, 19 de octubre de 2025.
Crónica Digital.
