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El diputado Jaime Mulet (FREVS) detalló las razones técnicas y éticas que fundamentaron su decisión de aprobar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, a pesar de que el Ejecutivo intentó alinear al conjunto del oficialismo en su defensa, a pesar de la indignación de la ciudadanía con los cobros indebidos de las cuentas de la luz eléctrica.
“Voté a favor de la acusación que preparó la comisión que presidía porque consideré que hubo un grave error en el proceso de regulación de tarifas por las empresas generadoras de energía. A pesar de que hubo tiempo y espacio suficiente para revisar detalladamente este proceso, no se detectó el doble cálculo de reajuste que afectó a 7,5 millones de clientes”, señaló.
Agregó: el error “ocurrió justo cuando las tarifas se incrementaron de manera significativa, y creo que las autoridades deberían haber tomado medidas más cuidadosas para proteger a los clientes, quienes no tienen representación en el proceso”.
Agregó: “También me preocupó mucho la actitud de las empresas, que no quisieron asistir a la comisión a pesar de que se les invitó tres veces. Esta actitud me parece un claro intento de eludir la responsabilidad y refleja un aprovechamiento de la situación, lo que exigía que la autoridad actuara con más diligencia”.
“El hecho de que las empresas se negaran a participar solo subraya la necesidad de que la regulación se haga con mayor cuidado y transparencia”, enfatizó.
Por otro lado, indicó que “lo que más me complicó y me llevó a votar a favor de la acusación fue la falta de transparencia por parte del exministro de Energía. Su cónyuge, que es socia de un estudio jurídico que trabaja para las empresas reguladas por el Ministerio, no fue incluido en su declaración de intereses y patrimonio. Esa omisión me parece grave, porque evidencia un conflicto de interés que no fue transparentado de manera adecuada. Esta falta de información afectó la integridad del proceso y cuestionó la eficiencia y la ética del trabajo” de Pardow.
“Creo que la falta de transparencia en este caso es una infracción grave. Los Ministros de Estado tienen la obligación de hacer declaraciones claras y completas sobre sus intereses y patrimonios. No cumplir con este deber no solamente afecta la confianza pública, sino que también demuestra una ineficiencia en el cumplimiento de las responsabilidades que deben tener los servidores públicos”, sentenció.
Santiago, 20 de noviembre de 2025.
Crónica Digital.
