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Tras intensas semanas de negociación, el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público sellaron un acuerdo para un reajuste salarial nominal del 3,4% destinado a los funcionarios del Estado. No obstante, el pacto ha quedado bajo fuego cruzado debido a la inclusión de cláusulas que, según la oposición, buscan blindar a personal de confianza ante el próximo cambio de mando.
El punto de mayor conflicto radica en la nueva exigencia para la no renovación de funcionarios a contrata en ministerios, servicios públicos, universidades estatales y municipalidades. Bajo esta normativa, cualquier desvinculación deberá sustentarse en un acto administrativo fundado, con argumentos jurídicos y hechos específicos. Esta medida prohíbe el uso de la cláusula genérica de «necesidades del servicio», lo que ha sido interpretado por diversos sectores como una traba para la gestión de la futura administración.
REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN: «FRAUDE A LA LEY»
Desde la bancada de la UDI, el diputado Henry Leal calificó la medida como una «maniobra evidente» para dejar el aparato público capturado por operadores políticos. Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN) advirtió que no están en condiciones de aprobar lo que denominó un «corralito», señalando que incluso se intenta otorgar inamovilidad a integrantes de los gabinetes actuales.
En una línea similar, Agustín Romero (Partido Republicano) denunció que las normas incorporadas exceden el propósito de una ley de reajuste salarial, tildando la iniciativa de «fraude a la ley» al intentar condicionar la estructura del próximo gobierno mediante disposiciones transitorias.
La oposición ya adelantó que rechazará estas cláusulas específicas durante la discusión en el Congreso, argumentando que el Estado debe ser administrado con probidad por quienes resulten electos democráticamente, sin dejar «amarrada» la gestión pública a intereses de la coalición saliente.
REPUBLICANOS ADVIERTEN AL GOBIERNO
La tensión política escaló tras el anuncio del artículo 14 del proyecto de reajuste al sector público, el cual busca rigidizar las desvinculaciones de personal a contrata. El Partido Republicano, liderado por Arturo Squella, advirtió que la aprobación de esta medida «dinamitaría» la relación con el Ejecutivo, acusando un intento de «amarre» administrativo a pocos meses del cambio de mando.
La norma en disputa establece que la no renovación de contratos en subsecretarías y servicios públicos solo podrá ejecutarse mediante un acto administrativo fundado. Esto obliga a la administración a presentar hechos y fundamentos de derecho objetivos, eliminando la posibilidad de invocar la figura genérica de «necesidades del servicio» sin un respaldo fáctico específico. Para la oposición, esta disposición actúa como un escudo para proteger a funcionarios afines a la actual gestión.
El presidente de Republicanos, Arturo Squella, manifestó su preocupación señalando que esta señal es «delicada» y rompe códigos fundamentales de colaboración entre administraciones. Según el dirigente, si el Gobierno persiste en acelerar nombramientos o blindar cargos que corresponden a la próxima gestión, se configuraría un escenario de confrontación que afectaría la gobernabilidad futura.
CRÍTICAS AL GASTO FISCAL Y BRECHA SALARIAL
Además de los «amarres» administrativos, el Partido Republicano cuestionó la justicia del reajuste en el actual contexto económico:
Déficit fiscal: Advierten sobre el daño a las finanzas públicas en un momento de alta fragilidad económica.
Desigualdad con el sector privado: Squella subrayó que los sueldos del sector público ya duplican, en promedio, a los de los trabajadores de las PYMES.
Prioridades del Estado: Calificó de «difícil de explicar» que se destinen recursos a subir sueldos de quienes ganan más que el resto de los chilenos, mientras miles de familias enfrentan el desempleo. (NP-Gemini-Emol)
