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La oficina del presidente electo (OPE) ha definido en las últimas semanas las piezas clave de su andamiaje legal, destacando los nombres de Rodrigo Pérez (en la imagen principal) y Clemente Recabarren. Pérez, abogado de 59 años y exgerente legal de Colbún, se perfila como uno de los asesores más cercanos a José Antonio Kast, con quien comparte una amistad desde sus tiempos universitarios en la UC y una vinculación personal a través del Movimiento de Schoenstatt. Su rol, de bajo perfil pero alto impacto estratégico, se centraría en el Segundo Piso de La Moneda como asesor directo de confianza del mandatario.
Por otro lado, la configuración de la sensible División Jurídico-Legislativa de la Segpres —encargada de visar la firma presidencial y los decretos— asoma con el nombre de Clemente Recabarren. El abogado de 33 años, con experiencia previa en la administración de Sebastián Piñera y recientemente doctorado en Oxford, encaja en el perfil de profesionales jóvenes y especialistas en derecho público que tradicionalmente han ocupado este cargo. No obstante, el diseño de Kast propone una innovación: Pérez supervisaría desde el Segundo Piso el trabajo de la Segpres, una estructura que ha generado ruido interno.
Fuentes cercanas al proceso indican que este esquema de supervisión no habría sido del total agrado de Recabarren, debido a que rompe con la autonomía técnica que históricamente ha tenido el jefe jurídico de la Segpres, quien actúa como el «custodio» de la firma del Presidente. En gobiernos anteriores, figuras como Carlos Carmona o Sebastián Soto operaron con una independencia que les permitía ser el último filtro legal antes de que el Jefe de Estado estampara su rúbrica, sin interferencias de asesores políticos directos.
Con la llegada de Kast a La Moneda el próximo 11 de marzo, el nombramiento de estos cargos será fundamental para garantizar la seguridad jurídica del nuevo Ejecutivo. Mientras Rodrigo Pérez deja su extensa carrera en el sector privado para integrarse al servicio público, la definición sobre quién ocupará finalmente la oficina en la Segpres determinará si el futuro gobierno opta por un modelo de control centralizado o si mantiene la tradición de delegar la revisión técnica en expertos constitucionalistas jóvenes. (NP-Gemini-La Tercera)
