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La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este viernes el sobreseimiento definitivo del Presidente Gabriel Boric en la causa que investiga presunta malversación de caudales públicos. El caso se originó tras la contratación, mediante trato directo por $13,8 millones, del abogado Jonatan Valenzuela para defender al mandatario en la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Con este fallo unánime, el tribunal de alzada deja sin efecto la resolución de garantía y ordena al Ministerio Público reabrir la indagatoria, manteniendo al Jefe de Estado en calidad de imputado.
El tribunal cuestionó severamente la «necesidad pública» del contrato financiado con fondos fiscales. En su resolución, los ministros señalaron que, al ser la Presidencia parte de la administración centralizada del Estado, Boric contaba con alternativas institucionales para su representación, como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) o la Defensoría Penal Pública. La Corte planteó que, ante imputaciones personalizadas, los funcionarios públicos deben optar por la defensa gratuita del Estado o contratar servicios privados con cargo a su propio patrimonio personal.
Asimismo, el fallo desestimó la tesis de que los informes de la Contraloría General de la República fueran suficientes para declarar la inocencia del mandatario. El tribunal argumentó que el examen administrativo de legalidad no puede sustituir ni condicionar el juicio penal. Además, advirtió que no es posible cerrar esta causa mientras la investigación principal sobre la compraventa del inmueble de calle Guardia Vieja siga vigente, ya que el destino de ambas está intrínsecamente ligado.
Esta decisión representa un complejo escenario judicial para el Ejecutivo, que anteriormente había logrado que el Séptimo Juzgado de Garantía cerrara el caso bajo el argumento de que los hechos no constituían delito. Ahora, la Fiscalía deberá profundizar en las diligencias para determinar si el uso de recursos públicos para una defensa jurídica personal se ajustó a derecho o si configura una infracción penal, en un proceso que el querellante Raimundo Palamara ha calificado como una extralimitación en el uso de fondos del Fisco. (NP-Gemini-Bio Bio)
